La implementación mandatoria de la verificación biométrica para los usuarios de telefonía móvil en Honduras ha suscitado una notable discusión en diferentes ámbitos, entre ellos el político, legal y social. Esta disposición, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), requiere que los ciudadanos verifiquen sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para conservar sus líneas telefónicas activas. El incumplimiento de este requisito podría conducir a la pérdida de los números actuales, generando preocupación en la población y en varios sectores.
La validación biométrica requiere que los usuarios aporten una imagen de su cara junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para confirmar quiénes son. Según CONATEL, esta medida pretende contrarrestar crímenes como la extorsión y la utilización de líneas telefónicas sin identificar, que complican las tareas de las fuerzas del orden. No obstante, ha suscitado dudas en cuanto a su legalidad, claridad y posibles repercusiones en la privacidad de las personas.
Asuntos legales y políticos relacionados con la autentificación biométrica
Distintas figuras políticas y sectores sociales han manifestado su inquietud acerca de la legalidad y el tratamiento de los datos biométricos recopilados. El legislador Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha indicado que la acción carece de un soporte legal suficiente, llamándola «totalmente ilegal» y aconsejando a los ciudadanos que no acaten la normativa hasta que se disponga de un marco normativo claro para regular la recolección y el uso de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta opinión evidencia un desacuerdo sobre la legitimidad de la medida y la salvaguarda de derechos fundamentales.
Por otra parte, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones sobre el uso potencial de datos biométricos con fines políticos, particularmente durante un año electoral. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la autoridad legal para gestionar información biométrica, lo cual genera dudas sobre la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas críticas destacan la inquietud acerca de la posible manipulación política de información sensible y la necesidad de asegurar la seguridad y privacidad de los ciudadanos.
El presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha respaldado la acción, afirmando su legalidad, transparencia y carácter humano. También ha desmentido que la verificación biométrica esté relacionada con fines políticos y ha aclarado que el manejo es realizado por las compañías telefónicas, no por el Estado de manera directa. Además, ha señalado que no se está formando una nueva base de datos estatal y que los datos recopilados no se utilizarán para propósitos diferentes a los determinados, intentando así aclarar las inquietudes sobre la gestión de los datos.
Vistas futuras y siguientes movimientos en la discusión sobre la verificación biométrica
CONATEL ha sido citada para presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025 con el propósito de exponer las bases técnicas y legales de la validación biométrica. Esta reunión será crucial para tratar las inquietudes sobre privacidad, legalidad y transparencia del procedimiento, y podría afectar la permanencia o alteración de la medida.
La discusión pública ha generado un extenso debate en plataformas sociales y foros comunitarios, donde numerosos usuarios manifiestan su insatisfacción e inquietud acerca de la posible violación de su privacidad y la falta de transparencia en la implementación. Algunos han llegado a declarar su intención de no seguir con la validación, poniendo en duda la capacidad de las autoridades para desconectar millones de líneas telefónicas sin causar un impacto significativo en las comunicaciones del país.
