Las votaciones generales en Honduras, programadas para el 30 de noviembre de 2025, se llevan a cabo en un ambiente de tensión política y dudas sobre las instituciones. El escenario electoral está influenciado por el dominio del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) sobre las instituciones gubernamentales, mientras que la oposición tiene problemas para formar una propuesta unificada. Las indicaciones de un debilitamiento democrático junto con las tensiones entre organismos cruciales, como el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, suscitan preocupaciones acerca de la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
El escenario político de Honduras se define por una oposición dividida, donde el Partido Nacional y el Partido Liberal están en diálogos para establecer una coalición. No obstante, los desacuerdos internos y la falta de consenso en torno a liderazgos y programas han dificultado la creación de una alianza firme. Las elecciones primarias recientes mostraron fallos logísticos y poca afluencia de votantes, aumentando las incertidumbres sobre el sistema electoral y avivando las críticas hacia la administración institucional.
Supervisión institucional y conflictos en el período electoral
El reporte del laboratorio Nodos indica que la democracia en Honduras presenta signos de estrés y que el partido en el poder retiene el control mediante un manejo estructural de las entidades. Esta circunstancia ha dado lugar a diversos escenarios como la continuidad del modelo actual, un estancamiento institucional o incluso una posible ruptura constitucional. Las tensiones entre el Consejo Nacional Electoral y las fuerzas militares encargadas de la logística electoral han generado inquietud sobre la objetividad y efectividad del proceso. Asimismo, la carencia de reformas electorales y la constante polarización política incrementan el riesgo de conflictos después de las elecciones.
Diversos sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional han solicitado a las autoridades garantizar un proceso electoral transparente e inclusivo, respetando los principios democráticos para preservar la estabilidad política y social del país. La combinación de un oficialismo con control institucional, una oposición dividida y un sistema electoral cuestionado plantea la posibilidad de una crisis institucional sin precedentes en Honduras.
Posibles alianzas opositoras y reacciones del gobierno
En respuesta al escenario actual, los partidos Nacional y Liberal han comenzado conversaciones oficiales para considerar una posible alianza opositora, con la intención de desafiar al Partido LIBRE en las próximas elecciones. En estas reuniones se han discutido métodos de unión electoral, asignación de candidaturas y un programa común enfocado en la protección de la democracia, la economía de libre mercado y el respeto al orden constitucional. Los partidos de oposición indican que el gobierno de Xiomara Castro y su asesor Manuel Zelaya han promovido políticas dirigidas a concentrar el poder, tales como el uso del Ministerio Público para medidas contra opositores, intentos de controlar el CNE y propuestas de cambios constitucionales.
De concretarse la coalición, los dos partidos tradicionales podrían sumar más del 50 % del electorado, según encuestas recientes. Sectores sociales y empresariales ven esta unión como una alternativa viable para limitar el avance del oficialismo. Por su parte, el oficialismo ha minimizado el impacto de una posible alianza opositora, argumentando que no ofrece soluciones al país. El proceso electoral de 2025 se perfila como un referéndum entre la continuidad del proyecto de refundación impulsado por LIBRE y el retorno a un modelo republicano y pro-inversión respaldado por una oposición unificada. El resultado definirá el rumbo político e institucional de Honduras.
