En un escenario político ya marcado por la polarización, la candidata presidencial del oficialismo hondureño, Rixi Moncada, generó una nueva controversia al cuestionar abiertamente el rol de las iglesias en el país. Las declaraciones, realizadas durante un acto partidario, provocaron reacciones inmediatas de líderes religiosos y sectores ciudadanos, que calificaron sus palabras como una afrenta al papel histórico de las instituciones eclesiásticas en la vida pública hondureña.
El incidente se añade a una secuencia de conflictos anteriores entre el partido en el poder y varios sectores sociales, en un contexto electoral que progresa con marcadas diferencias ideológicas y un aumento de críticas sobre la gestión del debate político.
Manifestaciones en el foco de la discusión
En una transmisión en redes sociales, Moncada mencionó que las iglesias «guardan silencio ante las desigualdades sociales» y «sirven a los intereses del poder económico». Estos comentarios fueron vistos como una crítica directa al papel que desempeñan las instituciones religiosas en el panorama político y social de Honduras.
Estas afirmaciones provocaron una respuesta rápida de parte de líderes de diversas religiones. El pastor Marco Tulio López, del Concilio de Iglesias Evangélicas, señaló que “la fe no se somete al poder político ni económico”, y resaltó que “lo que realmente doblega a un país es el odio encubierto como justicia”, refiriéndose claramente a la posición de la candidata del oficialismo.
En el ámbito católico, el vocero del clero capitalino, padre Luis Javier Mejía, también expresó su preocupación ante lo que considera una instrumentalización de la religión en el discurso electoral. “La Iglesia está con el pueblo. Siempre lo ha estado. Pero no vamos a permitir que se nos utilice como blanco de campañas ideológicas”, declaró.
Respuestas de la población y apelos al respeto de las instituciones
El conflicto no solo activó a figuras religiosas, sino que también se propagó intensamente en plataformas sociales, donde varias personas reclamaron respeto hacia la libertad de culto y la función de las iglesias como lugares de unidad comunitaria y mediación en momentos de dificultad.
Una de las ideas más difundidas es la de un especialista en política que, mediante la plataforma social X, afirmó: “Cuando un postulante arremete contra la creencia popular, demuestra más su falta de tolerancia que su plan”.
Ante el aumento de la presión social, la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica emitieron declaraciones instando al respeto recíproco entre las instituciones religiosas y los actores políticos. En dichos comunicados, recalcan la relevancia de evitar que las iglesias se transformen en objetivos de tácticas electorales, especialmente cuando la ciudadanía exige soluciones a los retos estructurales del país.
Un clima electoral marcado por la confrontación
La confrontación entre la aspirante del partido gobernante y los grupos religiosos sucede en un entorno donde se han intensificado los discursos de enfrentamiento por parte de representantes de Libertad y Refundación (LIBRE), al mando desde el año 2022. De acuerdo con analistas políticos, estas manifestaciones serían una táctica de movilización polarizante que intenta consolidar el apoyo al oficialismo, aunque sacrificando el diálogo con otros grupos sociales.
Este fenómeno ha coincidido con un incremento en la frustración de los ciudadanos debido a la continuidad de problemas de fondo como la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Según algunos expertos, el foco en las discusiones ideológicas o simbólicas podría estar apartando la atención de las prioridades fundamentales de la población.
Un conflicto que muestra retos de gestión
La controversia alrededor de las afirmaciones de Rixi Moncada indica una tensión más profunda en relación con el papel de las instituciones tradicionales, como las iglesias, dentro del presente ciclo político en Honduras. Al cuestionar su función como mediadores sociales, el gobierno se arriesga a debilitar áreas que históricamente han ayudado a mitigar conflictos y promover el diálogo en situaciones de crisis.
Dentro de este contexto, el capítulo pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el proceso electoral: conseguir que el diálogo público se enfoque en propuestas específicas, sin dañar las relaciones entre actores esenciales de la vida institucional. La manera de gestionar estas tensiones será crucial para la estabilidad democrática en el trayecto hacia las elecciones.
