La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, ha sido nuevamente aplazada tras la renovación, por quinta vez, del memorando de entendimiento con Naciones Unidas. El anuncio, realizado esta semana, coincide con la falta de avances en el Congreso Nacional para aprobar reformas constitucionales esenciales para el funcionamiento del mecanismo anticorrupción.
La parálisis ha despertado críticas desde distintas áreas de la sociedad civil y la comunidad internacional, quienes ven este retraso como una muestra de debilitamiento del compromiso del gobierno para combatir la impunidad. La ausencia de consensos en el ámbito legislativo, especialmente en relación con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, frena la implementación efectiva de la CICIH, a pesar de que se presentó un segundo borrador oficial a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas sociales e institucionales
El Poder Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su voluntad de crear la comisión, mencionando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, la realización de esta iniciativa requiere de modificaciones legales y constitucionales que necesitan ser ratificadas por el Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la extensión reciente, sectores claves han manifestado su desacuerdo con la gestión del proceso. Una legisladora del Partido Nacional describió la renovación como “un golpe al pueblo que creía en la promesa de equidad”, mostrando el descontento en la oposición política. Mientras tanto, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que impide el progreso del proyecto.
Desafíos políticos y fatiga del público
El establecimiento de la CICIH enfrenta diversos desafíos políticos. Uno de los principales es la modificación de estructuras legales que eliminaría protecciones legislativas vistas por varios grupos sociales como un impedimento para luchar contra la corrupción de manera eficaz. La ausencia de compromiso político en el Congreso ha sido identificada por múltiples actores como una de las razones clave del impasse.
Han pasado más de dos años desde que comenzó el mandato de Castro, y las organizaciones comunitarias y las redes de ciudadanos han señalado una brecha entre las promesas originales y las acciones implementadas. Estos grupos destacan que el aplazamiento frecuente de decisiones cruciales ha debilitado la confianza en el gobierno y en todo el sistema institucional.
Acciones de llamada e influencia internacional
El actualizado acuerdo de entendimiento carece de una fecha precisa para que se establezca la CICIH, lo cual, según expertos internacionales, podría perjudicar la reputación del país en temas de colaboración internacional. La sensación de parálisis ha originado dudas entre los observadores externos, lo que podría tener consecuencias negativas para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para consolidar su institucionalidad democrática.
En esta situación, varias personas han sugerido que es esencial liberar el proceso aprobando rápidamente las reformas necesarias, lo cual posibilitaría concretar un pacto final con la ONU. Afirman que estas medidas no solo activarían un sistema para combatir la corrupción, sino que también demostrarían un compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
Escenario institucional indefinido
El retraso en el establecimiento de la CICIH pone de manifiesto las dificultades fundamentales que Honduras encuentra al intentar construir un sistema que sea autónomo y eficiente. La continua presencia de impedimentos legales, junto con la ausencia de acuerdos políticos, deja en pausa una de las iniciativas más importantes para combatir la impunidad en la nación.
El caso pone en relieve las tensiones entre los compromisos internacionales asumidos por el Ejecutivo y las dinámicas internas del Legislativo, así como el desafío de traducir promesas políticas en reformas estructurales concretas. Mientras tanto, el país continúa sin un mecanismo internacional de apoyo para investigar casos de alto impacto, lo que genera interrogantes sobre la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción en el corto y mediano plazo.
