La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, ha motivado la suspensión de inversiones millonarias, la cancelación de expansiones empresariales y el traslado de operaciones a otros países de Centroamérica, donde los marcos legales se perciben como más estables y predecibles. La comunidad empresarial hondureña sostiene que los cambios fiscales repentinos y sin diálogo multisectorial han creado un entorno de negocios impredecible, lo que dificulta la planificación estratégica y paraliza proyectos de gran escala que son esenciales para el crecimiento sostenido del país.
La industria nacional alerta que suprimir exenciones e incentivos tributarios, estipulados en la legislación, podría socavar uno de los pilares principales de la economía de Honduras. Empresarios y expertos económicos coinciden en que la acción podría causar la salida de capitales, el retiro gradual de inversiones y el empeoramiento del ambiente empresarial, afectando de manera directa la competitividad y la creación de trabajos formales en sectores cruciales como la agroindustria, el turismo, la manufactura, la construcción y la tecnología.
Impacto de la inestabilidad fiscal en la inversión y el empleo
Los cambios fiscales improvisados han provocado incertidumbre y efectos inmediatos, como el traslado de operaciones a países cercanos, el detenimiento de inversiones industriales, logísticas y tecnológicas, y la anulación de proyectos energéticos, turísticos y agrícolas que prometían crear miles de empleos. Honduras ha visto un descenso en los índices de competitividad y atracción de inversión extranjera, lo que refuerza la idea de que el país está enviando señales desfavorables al mercado global. Aunque el gobierno afirma que la ley busca equidad fiscal, los expertos indican que los costos ocultos de esta situación superarán cualquier ingreso adicional previsto, ya que el capital tiende a preferir destinos más estables y receptivos.
Por el contrario, la supresión de beneficios fiscales, que se han usado tradicionalmente para atraer inversión extranjera directa, resulta en la salida gradual de capitales, la cancelación de planes de crecimiento empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones del exterior. Este empeoramiento del entorno empresarial impacta particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que generan más del 70 % del empleo en la nación, y que se enfrentarían a nuevos impuestos sin apoyo técnico ni consulta con múltiples sectores.
Petición para una reforma impositiva equilibrada y consensuada
Frente a este panorama, los sectores productivos han solicitado al Congreso Nacional que rechace la ley en su forma actual y convoque a un diálogo técnico y multisectorial. Consideran fundamental diseñar una reforma tributaria balanceada que no destruya la inversión ni los empleos, sino que consolide a Honduras como un destino confiable para invertir y generar oportunidades. La ausencia de estabilidad jurídica y reglas claras ha sido identificada como el principal obstáculo para recuperar la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de desarrollo.
El riesgo de ahogar al sector privado, especialmente a las MIPYMES, es una preocupación central, ya que estas empresas constituyen la base del empleo en el país. La imposición de nuevas cargas fiscales sin el debido respaldo técnico puede dificultar aún más la sostenibilidad de estos negocios y limitar la capacidad de Honduras para competir en la región. El país se encuentra, por tanto, en una encrucijada entre consolidarse como un destino abierto al capital o adoptar un modelo que restrinja la producción y la inversión.
