Las recientes declaraciones de Héctor Manuel Zelaya, secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el ámbito político de Honduras, avivando la discusión sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un entorno caracterizado por la división en el poder legislativo y la desconfianza entre los partidos, sus comentarios han sido vistos como una señal de posibles esfuerzos del gobierno para impulsar la reforma fiscal sin el apoyo necesario del parlamento ni un proceso de deliberación claro y abierto.
Debate por comentarios del representante
En una declaración pública, Héctor Zelaya insinuó que la Ley de Justicia Tributaria podría ser ratificada «sin que se den cuenta» en el Congreso Nacional. A pesar de no haber explicado métodos específicos, diversos grupos interpretaron el comentario como una sugerencia de que el partido oficial, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría emplear métodos poco convencionales para aprobar la legislación.
Desde el Legislativo, la diputada Maribel Espinoza, del Partido Liberal, criticó duramente las declaraciones. A su juicio, proponer la aprobación de una ley en ausencia de los votos necesarios y al margen del debido proceso legislativo “es un golpe a la institucionalidad”. En su lectura, tales planteamientos evidencian una carencia de respaldo técnico y social para una reforma de alto impacto económico.
Reacciones del sector privado y constitucionalistas
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) igualmente manifestó su preocupación por las declaraciones de Zelaya, advirtiendo acerca de las posibles repercusiones económicas de aprobar una modificación fiscal sin un diálogo extenso y claro. De acuerdo con esta entidad, una situación como esa podría aumentar la incertidumbre para la inversión privada y comprometer la estabilidad económica de la nación.
Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procedimientos parlamentarios podría resultar en impugnaciones por inconstitucionalidad. En específico, mencionaron que el principio de deliberación legislativa requiere transparencia, debate plural y adherencia a los mecanismos institucionales establecidos.En simultáneo, expertos en derecho constitucional destacaron que cualquier esfuerzo por aprobar la Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procesos legislativos podría generar desafíos por inconstitucionalidad. En especial, señalaron que el principio de deliberación legislativa requiere transparencia, debate plural y respeto a los mecanismos institucionales previstos.
Aumento de la presión política y monitoreo por parte de la oposición
A raíz de estas declaraciones, diversas fuerzas políticas de oposición han declarado que permanecerán en “alerta permanente” ante posibles intentos de introducir la ley en sesiones legislativas no ordinarias o sin actas debidamente ratificadas. Esta advertencia ocurre en un contexto donde la presidencia del Congreso, liderada por Luis Redondo, ha sido previamente cuestionada por la oposición por prácticas que consideran irregulares en la aprobación de leyes.
El descontento social también se ha manifestado en redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón ganó notable notoriedad en pocas horas, mostrando la inquietud frente a la posibilidad de que una ley con consecuencias económicas y sociales importantes sea procesada sin la intervención informada de todos los participantes del sistema político.
Un panorama de tensión institucional sostenida
El Legado de Justicia Tributaria sigue siendo uno de los temas más controvertidos en el programa del gobierno presente, enfrentándose a objeciones tanto por su esencia como por el método en que se ha buscado incluirlo en la discusión pública. La controversia provocada por las declaraciones de Héctor Zelaya no solo reorienta el enfoque hacia esta propuesta legislativa, sino que destaca las disputas relacionadas con la gobernabilidad, la validación de los procesos legislativos y la urgencia de canales de comunicación eficientes.
En un ámbito político donde prevalecen la división y la falta de confianza, cualquier propuesta que busque cambiar significativamente el sistema fiscal necesita, además de apoyo institucional, un proceso de deliberación que asegure la participación de diversas perspectivas y el respeto a los principios democráticos. La forma en que se lleve a cabo esta discusión establecerá un precedente en la interacción entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales de la nación.
