En Honduras, la controversia en torno a la campaña del gobierno sobre «las 10 familias» ha suscitado un acalorado debate acerca de la interacción entre el gobierno y el sector de negocios. Diferentes representantes de la sociedad civil, asociaciones empresariales y líderes de opinión han manifestado su inquietud por lo que consideran una política de confrontación impulsada por el gobierno de Xiomara Castro. Esta iniciativa, que acusa a ciertos grupos empresariales de ser responsables de los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en peligro la seguridad de los empresarios, polarizar el entorno político y socavar la confianza en la inversión privada.
En esta situación, la legisladora Beatriz Valle ha expresado sus dudas sobre la eficacia de esta táctica del gobierno. Valle señala la narrativa repetitiva y conflictiva hacia las «10 familias«, afirmando que, si el ejecutivo realmente cree que hay beneficios fiscales que no son justos, tiene la capacidad de eliminarlos sin necesidad de usar campañas públicas de enfrentamiento. Sus comentarios han tenido un gran impacto en el ámbito político, donde aumentan las críticas por la falta de logros tangibles en términos de economía y gobierno.
Opiniones sobre la estrategia del gobierno y sus posibles efectos
El proyecto denominado «las 10 familias» ha sido visto por algunos grupos como un intento de desviar la atención de las fallas del gobierno en temas económicos y de seguridad. Representantes empresariales y activistas pro derechos humanos alertan que este tipo de retórica podría acarrear efectos perjudiciales, semejantes a los vividos en otras naciones donde la instigación al odio de clases desde el poder ha llevado a persecuciones políticas, confiscaciones y descalabros económicos. Se destaca que ya se perciben amenazas directas, campañas de difamación en redes sociales y acusaciones infundadas que incriminan a los creadores de empleo.
Los directivos corporativos han expresado su inquietud por el efecto que este entorno adverso está ejerciendo sobre la economía del país. Se informa de una paralización de nuevas inversiones, la anulación de proyectos de expansión y el movimiento de capitales hondureños hacia otras naciones. Hay preocupación de que, si el gobierno sigue responsabilizando al sector privado de sus propios fallos, se termine por desmantelar lo poco funcional en la economía. Frente a este escenario, se insta al gobierno a detener este tipo de campañas que dividen y a convocar a un diálogo nacional constructivo.
La invitación a actuar y la demanda de resultados tangibles
La congresista Beatriz Valle ha mostrado gran desaprobación hacia la ausencia de medidas tangibles por parte del gobierno, a pesar de que controla los tres poderes del Estado. La representante del legislativo se pregunta por qué no se actúa legalmente contra quienes son señalados por corrupción o abuso, en vez de limitarse a repetir un discurso desgastado. Su petición es cesar el fomento del odio entre los ciudadanos hondureños y concentrarse en solucionar los problemas auténticos del país.
Las palabras de Valle se han visto como un cambio significativo en la discusión política, en la que incluso partidarios del gobierno han empezado a mostrar su inconformidad debido a la ausencia de progresos concretos en aspectos cruciales como la economía, la justicia y la gobernanza. El requerimiento es evidente: se precisan respuestas y no adversarios ficticios. La población hondureña exige un giro que dé prioridad al diálogo, la inversión y la estabilidad, evitando el enfrentamiento y la segregación.
