La Propuesta de Reforma Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso debate en la nación, a causa de los potenciales impactos que podría ocasionar sobre la economía y el sector productivo del país. Esta medida, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se introduce como un instrumento para combatir la elusión fiscal y mejorar la recaudación del Estado. No obstante, su contenido y alcance han sido comprendidos de formas diversas por los diferentes actores económicos y sociales.
El plan incluye la eliminación de esquemas de exenciones fiscales, un incremento en los impuestos y una mayor facultad para que el Estado gestione los estímulos económicos. Estos cambios han sido percibidos por el sector empresarial como un indicativo negativo para la inversión y la actividad productiva, provocando inquietud y preocupación en el contexto económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el empleo
Varias asociaciones empresariales, cámaras de comercio e inversionistas tanto locales como internacionales han expresado que la propuesta legislativa podría tener consecuencias negativas en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que si la ley se aprueba tal como está, se podría ver una disminución importante en la inversión extranjera directa. Además, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde que se presentó el proyecto de ley, se han registrado cierres de empresas pequeñas y medianas, especialmente en los campos textil, logístico y exportador, que funcionaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las maquilas han comenzado a despedir personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las causas principales. Esta situación amenaza miles de puestos de trabajo y podría empeorar si la propuesta no se ajusta o se detiene. El COHEP también indica que el crecimiento económico podría sufrir una desaceleración significativa en el año siguiente a la implementación de la ley, y que el incremento en el desempleo y la informalidad serían consecuencias inevitables de su aplicación.
Análisis político, entorno regional y discusión sobre la equidad fiscal
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se lleva a cabo en un marco regional y político particular. El retiro de incentivos fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener esquemas de atracción de inversiones y equilibrios fiscales, considerados elementos esenciales para su competitividad. Esta situación podría influir en la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a posibles inversionistas como a los ya presentes, quienes podrían optar por mover su capital a países con condiciones más beneficiosas para el desarrollo empresarial.
El contexto político e ideológico ha influido en la percepción del proyecto, ya que algunos sectores empresariales interpretan el discurso oficial del gobierno como contrario al empresariado y alineado con modelos económicos que han implicado transformaciones estructurales en otros países de la región. Esto incrementa el temor a una posible reconfiguración del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
En contraste, los partidarios de la Ley de Equidad Fiscal sostienen que las exenciones tributarias han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del estado para costear iniciativas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de estas exenciones beneficia al 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % de las empresas restantes solo obtiene el 8 % de estos privilegios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el estado perdió 455 mil millones de lempiras debido a estos esquemas.
El proyecto no introduce nuevos impuestos ni incrementa las tasas existentes, sino que pretende cerrar brechas legales y aumentar la recaudación de impuestos directos a grandes empresas y patrimonios, con el objetivo de reducir la inequidad en el cobro de tributos. Sin embargo, la eliminación de regímenes fiscales históricos, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente durante 40 años, podría obligar al cierre de numerosas empresas que operan bajo este esquema. El COHEP ha señalado que la propuesta de garantía de convertibilidad inmediata al RIT podría ser interpretada como una medida que afecta la liquidez y sostenibilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un importante reto financiero
El debate en torno a la Ley de Equidad Fiscal sigue en marcha y es un tema divisivo. Algunos opinan que esta ley podría establecer un sistema impositivo más justo e igualitario, mientras que otros señalan que su implementación podría intensificar la crisis económica, incrementar el desempleo y causar la fuga de inversiones. La resolución que tome el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.
