En Honduras, el incidente Koriun Inversiones ha causado gran inquietud entre la población debido a la carencia de respuestas definidas y medidas firmes por parte del Estado. A más de tres meses de descubrirse la estafa financiera millonaria, miles de perjudicados siguen sin recuperar sus fondos y sin que los responsables enfrenten la justicia. La falta de progresos visibles en las investigaciones, junto con el silencio del Ministerio Público y la pasividad gubernamental, ha despertado dudas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que se alcance la justicia de manera adecuada.
Al mismo tiempo, especialistas en leyes y figuras influyentes han mostrado su oposición a la propuesta de que el gobierno use fondos públicos para compensar a las personas afectadas por este engaño privado. Se señala que tal medida podría ser ilegal y contraria a la constitución, además de presentar importantes riesgos fiscales y políticos. En este escenario, la demanda social insiste en que el procedimiento se desarrolle en el marco judicial, con claridad y evitando que se transforme en una acción populista que ponga en peligro la legalidad y la gestión prudente de los recursos del estado.
El debate acerca de la reacción gubernamental frente al fraude Koriun
La estructura de inversión engañosa de Koriun Inversiones funcionó durante años ofreciendo ganancias mensuales del 20 %, sin ningún tipo de control oficial ni supervisión. A pesar de la confiscación de más de 358 millones de lempiras por el Ministerio Público, las investigaciones no han progresado hacia el enjuiciamiento de los cabecillas del fraude ni se ha clarificado el destino de los bienes retenidos. Esta situación ha provocado un aumento de la indignación entre las familias perjudicadas, que han perdido ahorros, créditos e incluso propiedades, exigiendo justicia, claridad y la restitución de sus recursos.
El mutismo y la supuesta inacción del Gobierno junto al Ministerio Público han intensificado la percepción de que hay una estructura de protección política que evita el completo esclarecimiento del asunto. Diversas voces de ámbitos sociales y jurídicos han manifestado que la ausencia de detenidos y la opacidad en el manejo de los bienes incautados evidencian una negligencia estatal que podría propiciar la impunidad. La demanda ciudadana persiste con firmeza en solicitar que se actúe rápidamente y sin parcialidades políticas para asegurar que los responsables enfrenten las penas legales que correspondan.
Consecuencias legales y financieras de la posible retribución con recursos gubernamentales
Especialistas legales y financieros han señalado que el empleo de dinero estatal para resarcir a quienes sufrieron daños por Koriun podría ser un acto de desvío indebido de fondos públicos, especialmente en ausencia de un marco normativo ratificado por el Congreso que lo autorice. Autoridades que aprueben desembolsos sin el sustento legal necesario podrían enfrentar cargos penales por abuso de poder y negligencia en sus funciones. Asimismo, esta obligación podría desestabilizar el presupuesto gubernamental, impactando sectores clave como la salud y la educación, y enviar una señal que podría alentar la tolerancia hacia futuros engaños financieros.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Gobierno que aclare públicamente el origen legal y financiero de cualquier eventual compensación, que se publiquen los avances reales del caso y la lista de responsables con sus bienes incautados. Se enfatiza la necesidad de que el proceso se mantenga estrictamente en el ámbito judicial, evitando que se convierta en una medida con fines políticos o populistas. La exigencia principal es que el Estado no asuma la responsabilidad económica de un fraude privado, para no convertirse en cómplice ni en violador de la ley.
