El caso de Koriun Inversiones ha generado un intenso debate en Honduras, luego de que se revelara la existencia de un esquema Ponzi que afectó a más de 35.000 ciudadanos. La denuncia pública del diputado Edgardo «Chele» Castro ha puesto en el centro de la discusión la posible protección política y judicial que permitió el funcionamiento irregular de la empresa.
La actuación de las autoridades, la garantía de recursos y la respuesta de los inversionistas han mostrado una falta de confianza en el sistema financiero del país. La investigación sigue en curso, mientras aparecen dudas acerca de la responsabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de los sistemas de control.
Operación fraudulenta tipo piramidal y gestión anómala de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones operaba bajo un esquema Ponzi, modalidad que consiste en captar fondos de nuevos inversionistas para pagar utilidades a los antiguos, sin generar ganancias legítimas. La empresa prometía una rentabilidad semanal del 5 %, equivalente a un 20 % mensual, asegurando a los clientes la recuperación de su inversión en un periodo de cinco meses. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema dependía del ingreso constante de nuevos participantes, lo que finalmente llevó al colapso y a pérdidas económicas significativas para miles de personas.
La CNBS informó que Koriun Inversiones operaba sin permiso oficial para funcionar como entidad bancaria. En las visitas de revisión llevadas a cabo en varias oficinas y domicilios de responsables, se descubrió una considerable cantidad de dinero en metálico, guardada de manera no oficial en cajas y bolsas. Asimismo, se detectaron relevantes transacciones financieras, entre ellas la extracción de 400,000 dólares realizada por ciudadanos de Estados Unidos vinculados con el arranque del fraude en 2017.
Denuncias de protección política y crisis de confianza
El legislador Edgardo Castro indicó que el funcionamiento de Koriun Inversiones se logró con el respaldo de personalidades políticas, fiscales y empleados públicos. Castro criticó la ausencia de medidas adecuadas por parte de las entidades de control y solicitó una investigación completa para identificar a aquellos responsables que ayudaron o consintieron el engaño. Además, se habló sobre la implicación de alcaldes que promocionaron la empresa y la negligencia de fiscales ante señales preliminares.
El cierre de Koriun Inversiones generó manifestaciones de los perjudicados, quienes demandaron la restitución de sus dineros y expresaron miedo a una posible pérdida de su patrimonio. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y su reembolso a los inversionistas hasta donde sea posible, aunque se prevé que el proceso será complejo y extenso. El caso ha evidenciado la fragilidad de los ciudadanos frente a esquemas financieros sin regulación y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y protección en el ámbito financiero de Honduras.
