La indignación de los más de 35.000 hondureños afectados por la estafa piramidal de Koriun Inversiones continúa creciendo, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) enfrenta críticas por su inacción ante el fraude. Los afectados denuncian el abandono por parte del organismo encargado de la supervisión financiera y acusan una falta de respuesta tanto en el ámbito judicial como administrativo.
La omisión de la CNBS ante el fraude
Desde que los primeros signos de problemas en Koriun empezaron a ser reportados, la CNBS estaba al tanto de la situación, pero no implementó acciones efectivas para evitar la escala del fraude. A pesar de recibir avisos formales, la entidad supervisora permitió que la estafa se extendiera sin control durante varios meses. Actualmente, los responsables del fraude siguen sin ser capturados, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
«Nos aseguraron que investigarían, aseguraron que tomarían medidas, pero la CNBS ha sido cómplice al no actuar. Actualmente seguimos sin respuestas, sin dinero, sin justicia», afirmó uno de los perjudicados ante la prensa. Esta sensación de desamparo es compartida por muchos, quienes se sienten defraudados tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según mencionan, debieron haber actuado a tiempo.
La falta de transparencia y las sospechas de impunidad
Uno de los reclamos más destacados de los perjudicados es el déficit de claridad por parte de la CNBS. A pesar de las quejas oficiales y las investigaciones en curso, el ente no ha publicado un informe público que describa las irregularidades realizadas ni los errores en su regulación que permitieron que Koriun existiera durante un período prolongado. Esta falta de transparencia ha provocado sospechas de una posible protección política hacia ciertos operadores financieros involucrados en el fraude.
Distintos ámbitos del país han indicado que la CNBS no solo no logró identificar el fraude a tiempo, sino que también ha sido negligente al no ofrecer la información necesaria sobre cómo se está manejando la situación. Conforme a un abogado de los perjudicados, esta inacción del ente regulador no hace más que empeorar el problema: «Es inadmisible que un ente regulador no haya detectado un fraude de este tamaño de manera oportuna. No solo fallaron en prevenir, hoy fallan en asumir responsabilidades».
Solicitudes de intervención internacional
Debido a la falta de respuesta institucional y al aumento de la frustración entre los afectados, diversos colectivos de víctimas han optado por llevar su demanda más allá de las fronteras del país. Tanto organizaciones civiles como personas afectadas están pidiendo formalmente el respaldo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. Estas solicitudes buscan que dichos organismos supervisen el manejo de la crisis, y específicamente, el comportamiento de las instituciones hondureñas respecto al escándalo de Koriun.
Un portavoz de los damnificados manifestó: «El Estado debe salvaguardar a los ciudadanos, no proteger a los defraudadores. Esto representa un doble delito: el cometido por Koriun y el permitido por la CNBS al permanecer inactiva». Este sentimiento refleja la desconfianza en la habilidad de las autoridades nacionales para combatir el fraude y asegurar que se haga justicia.
La tensión institucional y el desafío de la gobernabilidad
El contexto evidencia nuevamente las debilidades del sistema de control financiero en Honduras y los conflictos dentro de las organizaciones responsables de asegurar la transparencia y la equidad. La ausencia de una reacción firme por parte de la CNBS indica una carencia en la capacidad del Estado para gestionar crisis de esta naturaleza, lo cual podría acarrear consecuencias mayores en términos de confianza en las entidades financieras y en la gobernabilidad nacional.
Las personas perjudicadas continúan aguardando una solución que les deje recuperar lo que han perdido y asegure que los culpables del engaño sean llevados ante la justicia. La ausencia de medidas efectivas y el secretismo en torno al caso resaltan un reto constante para las autoridades en Honduras: cómo restablecer la confianza de la población frente al aumento de la duda en la gestión de crisis similares.
