El estado de la libertad de prensa en Honduras ha ganado notable importancia en tiempos recientes, reflejado en un aumento de situaciones de violencia, intimidaciones e impunidad hacia periodistas y medios. Distintos reportes y datos oficiales han revelado un ambiente cada vez más agresivo para el trabajo periodístico, donde la presión tanto institucional como económica se suma a actos directos de amedrentamiento y campañas de difamación.
En este escenario, los periodistas hondureños han enfrentado no solo peligros físicos, sino también campañas de difamación pública y presiones legales, lo que ha afectado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto a nivel nacional como internacional. La reacción de la sociedad civil y de los organismos de derechos humanos ha sido una observancia constante y apelaciones a la protección de los derechos esenciales.
Intimidaciones, agresiones y falta de justicia hacia los periodistas
Desde 2001 hasta el cierre de 2024, más de cien periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un nivel de impunidad que supera el 90 %. Las amenazas, las intimidaciones y las restricciones en el ámbito digital se han establecido como las formas más comunes de violencia, afectando tanto a periodistas individuales como a medios de comunicación en varias partes del país. En los últimos años, se han registrado ataques a 64 medios, lo que demuestra patrones continuos de persecución y criminalización.
Las dificultades económicas que enfrentan los medios han afectado su funcionamiento y autonomía editorial, llevando a algunos a disminuir sus operaciones o incluso a cesar. La persecución judicial y la escasez de recursos han contribuido significativamente a esta fragilidad. Entidades internacionales han colocado a Honduras entre las naciones con ambientes más desfavorables para el periodismo en América Latina, ubicándolo en lugares bajos en los rankings mundiales de libertad de prensa.
En este contexto, diversas entidades nacionales e internacionales han solicitado al gobierno de Honduras que asegure la protección de los periodistas y que respete la libertad de expresión, considerándolos elementos básicos para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas corporativas y reacción social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras emprendieron una campaña mediática contra periodistas críticos, empleando su medio oficial para desacreditar públicamente a destacados comunicadores. En una edición reciente de su publicación institucional, se destinaron varias páginas a señalar a tres periodistas, acompañando las imputaciones con imágenes y términos que los tachaban de enemigos del Estado, sin ofrecer pruebas concretas.
Este suceso provocó una respuesta inmediata por parte del gremio de periodistas y grupos de derechos humanos, quienes repudiaron la iniciativa y la consideraron un ataque institucional sin precedentes desde los niveles más elevados del poder militar y del gobierno. La comunidad de periodistas y varios sectores de la sociedad en Honduras han permanecido en alerta, reclamando claridad y respeto por los derechos fundamentales, además del fin de cualquier tipo de presión contra la prensa libre.
La situación del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un informe de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado la atención pública y provocado expresiones de apoyo por parte de entidades nacionales e internacionales. El informe, visto como una amenaza, respondía a comentarios de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en el manejo de fondos públicos. Diferentes sectores han subrayado que la tarea de informar y supervisar a las instituciones es un elemento crucial de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado al Estado evitar emitir declaraciones que puedan amedrentar de manera directa o indirecta a periodistas y medios de comunicación, destacando la responsabilidad gubernamental de salvaguardar la libertad de pensamiento y de expresión. Estos eventos se han visto como un intento de limitar el trabajo informativo y crítico del periodismo en el país, lo cual ha acrecentado la preocupación sobre el uso del poder estatal para restringir el ejercicio periodístico en Honduras.
