Diversos sectores de la sociedad hondureña y organismos internacionales expresan alarma ante el control institucional que ejerce el oficialismo en medio de una coyuntura política marcada por tensiones sobre la gobernabilidad y la democracia.
Reforzamiento de la autoridad en entidades fundamentales del Estado
Desde que comenzó la administración liderada por la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha aumentado su poder en las instituciones clave del Estado. El impacto del gobierno ha alcanzado al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
Según las acusaciones de los opositores, muchos de estos nombramientos han sido llevados a cabo sin cumplir con los procedimientos legislativos estipulados, en un contexto de acuerdos políticos poco claros. La diputada Maribel Espinoza, integrante del grupo opositor, afirmó que la intención del partido gobernante es más ambiciosa que solo administrar, advirtiendo que intenta “dominar todo”, incluyendo entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
La acumulación de poder institucional plantea interrogantes sobre el equilibrio entre poderes del Estado y la vigencia de mecanismos democráticos de control político.
Alertas sobre riesgos democráticos y denuncias de persecución
Expertos y organismos de investigación han alertado sobre el riesgo de que la centralización del poder debilite las bases estructurales de la democracia. Según el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), esta tendencia puede erosionar la autonomía de las instituciones públicas y favorecer un sistema de gobierno con características autoritarias.
Los paralelos con otras situaciones en América Latina han sido un tema frecuente en las discusiones públicas. Algunos expertos equiparan la realidad de Honduras con los eventos ocurridos en naciones como Nicaragua y Venezuela, donde el control de las instituciones por el gobierno ha resultado en limitaciones a la participación política y en el estrechamiento de oportunidades para la oposición.
En este contexto, se añade el malestar sobre el tratamiento dirigido a sectores autónomos, especialmente aquellos en el ámbito de la prensa y los empresarios. Informes actuales reportan un incremento en la presión sobre periodistas críticos, incluyendo al comunicador Rodrigo Wong Arévalo, así como campañas del gobierno que desafían explícitamente a determinados grupos empresariales, que son llamados «las 10 familias».
Entidades tanto nacionales como internacionales han señalado que estas medidas podrían ser parte de una estrategia para desalentar la crítica y restringir la diversidad de opiniones en las discusiones públicas.
Llamados a la vigilancia internacional y advertencias desde la sociedad civil
Ante tal escenario, diversas entidades han hecho llamados a la comunidad internacional, especialmente a cuerpos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que continúen vigilando de manera activa la situación política en Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó en un aviso que los ciudadanos deben estar alerta ante los peligros que implica la centralización del control político. En la misma declaración, la organización afirmó que cuando «el poder se acumula en una única mano, la libertad corre riesgo», e instó a asegurar un proceso electoral libre y claro para los comicios programados en noviembre de 2025.
En este contexto de creciente desconfianza en las instituciones y demanda de seguridades democráticas, se debate el rol de los actores internacionales como aseguradores del cumplimiento de los principios constitucionales y de los derechos políticos de la población.
Una coyuntura marcada por desafíos a la institucionalidad
La coyuntura presente revela tensiones en el sistema democrático de Honduras, especialmente en relación con la división de poderes, la transparencia y la igualdad en el acceso a la participación política. El aumento del poder institucional por parte del gobierno ocurre en un escenario donde los instrumentos de equilibrio se encuentran restringidos en su capacidad de actuar de manera autónoma.
En este contexto, los meses venideros serán cruciales para medir la habilidad de las instituciones hondureñas de preservar su independencia, además del grado de receptividad del sistema político hacia la crítica y la participación diversa en un proceso electoral que ya empieza a delinearse como fundamental para el porvenir político del país.
