En Honduras, el tema del estado de excepción ha generado gran controversia recientemente. La diputada Maribel Espinoza, quien forma parte de la oposición, ha manifestado su preocupación por la manera en que se está llevando a cabo esta medida, que fue inicialmente creada para enfrentarse a la delincuencia. Según lo que ha declarado, el régimen se está implementando de un modo que cuestiona las garantías constitucionales y podría utilizarse como un mecanismo de persecución hacia los sectores críticos del gobierno.
Espinoza señaló que algunas medidas realizadas bajo la protección del estado de excepción violan derechos de las personas. Como ejemplo, mencionó la entrada sin orden judicial a la casa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, un acontecimiento que, según indicó, demuestra el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles por parte de las instituciones. Para la legisladora, este tipo de actividades podría volverse una preocupación por la aceptación de prácticas autoritarias si no se establecen límites claros al decreto en efecto.
Comentarios sobre el Ministerio Público y posibles problemas legales
La legisladora igualmente puso en duda las acciones del Ministerio Público, al pensar que no está asegurando la equidad ni el respeto al debido proceso en la implementación de las medidas extraordinarias. Según su opinión, esto crea un clima de incertidumbre legal que perjudica no solo a personas de relevancia pública, sino a cualquier individuo que pueda enfrentar decisiones caprichosas.
En este contexto, Espinoza pidió al Congreso Nacional que examinara cuidadosamente si es conveniente continuar con el estado de excepción, usando como único criterio las responsabilidades para las cuales fueron elegidos por el voto popular, no sus orientaciones políticas. Señaló que extender esta medida podría responder a objetivos políticos que pretenden fortalecer el control del gobierno a través de la restricción de libertades civiles. Además, destacó que la seguridad pública no debe servir de pretexto para erosionar el Estado de derecho ni para limitar la participación democrática.
Opiniones en el Congreso Nacional y discusión sobre la continuidad
Los comentarios de Espinoza se unen a las opiniones de varios grupos que piden más claridad en la implementación de esta política. Pese a que se ideó como una solución frente a la violencia, cada vez más personas perciben que se emplea para acallar a quienes se oponen. La discusión sobre su permanencia continúa tanto en el Congreso como en la sociedad civil, donde se busca un balance entre la seguridad y el respeto por los derechos esenciales.
