La aprobación reciente de cambios al Código Penal en Honduras ha suscitado preocupación en varios sectores sociales y políticos del país. Estas enmiendas se han considerado como una transformación significativa en el marco jurídico que regula las manifestaciones sociales, especialmente en el contexto de las próximas elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. El debate se ha intensificado por la percepción de que estos cambios podrían emplearse para restringir el derecho a manifestarse y la libertad de expresión, derechos esenciales en toda democracia.
El Parlamento Nacional implementó ajustes que incrementan las sanciones para crímenes asociados a la manifestación social, resaltando la inclusión del artículo 378-A. Esta norma estipula que cualquier acto de protesta llevado a cabo por dos o más individuos puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Organismos de derechos humanos y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible empleo de estas modificaciones para penalizar demostraciones pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Cambios en el código penal y su efecto en las manifestaciones sociales
Las modificaciones al Código Penal han provocado críticas de instituciones tanto nacionales como internacionales. El incremento de las penas para individuos que participen en manifestaciones grupales se ha visto como un posible medio para desalentar la movilización de la población. Entidades de derechos humanos argumentan que estas políticas podrían usarse para restringir la participación cívica y el ejercicio de derechos esenciales. La inquietud se intensifica ante la posibilidad de que estas regulaciones se apliquen en situaciones de tensión política o durante procesos electorales, cuando generalmente aumenta la protesta ciudadana.
Los hechos ocurridos durante las elecciones del año 2017, caracterizados por arrestos injustificados y represión de protestantes, aumentan el miedo de que tales escenarios vuelvan a presentarse con la nueva legislación. En este entorno, tanto la sociedad civil como figuras políticas han señalado el peligro de que se utilice la criminalización de la protesta como un medio para dominar la oposición y limitar el involucramiento de los ciudadanos en procesos políticos importantes.
Respuestas globales y solicitudes de reconsideración
La inquietud por el efecto de estas modificaciones ha cruzado las fronteras del país. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han manifestado preocupación por las nuevas normativas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han solicitado al Gobierno revisar las enmiendas para garantizar que no se afecten los derechos esenciales de la ciudadanía.
En este escenario, se destaca la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar que la legislación penal sea utilizada como instrumento para reprimir la disidencia y las manifestaciones pacíficas. El debate sobre el alcance y la aplicación de estas reformas continúa abierto, mientras diversos sectores insisten en la necesidad de revisar el marco legal para asegurar la protección efectiva de las libertades fundamentales en Honduras.
