Diversos voceros del sector privado en Honduras manifestaron inquietudes respecto a la eventual aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta del Ejecutivo que está siendo debatida en el Congreso y que, según sus estimaciones, podría cambiar significativamente el panorama económico de la nación. Estas advertencias surgen en un contexto caracterizado por una ralentización económica y un incremento en las exigencias sociales, lo que ha aumentado la discusión sobre el rol del Gobierno en el ámbito fiscal.
Perspectiva corporativa sobre la propuesta del gobierno
El proyecto de legislación, que el gobierno ha promovido como una herramienta para suprimir beneficios fiscales y promover la justicia tributaria, ha sido fuertemente criticado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otros sectores económicos. Según estos grupos, la propuesta impactaría de manera directa en la inversión privada, el empleo formal y el costo de vida en la nación.
Un representante del COHEP indicó que, si se implementa, la regulación podría crear un ambiente desfavorable para las inversiones, provocando una serie de efectos que abarcan despidos en gran escala, alza en la inflación y el traslado de empresas hacia economías con una regulación más estable. Las objeciones se enfocan sobre todo en la eliminación de beneficios fiscales que, de acuerdo con los empresarios, han sido fundamentales para el desarrollo de sectores como las zonas francas, la agroindustria y la manufactura.
Impactos esperados en trabajo, costos y competitividad
El ámbito corporativo señaló tres consecuencias principales que, según su evaluación, resultaría de la aplicación de esta normativa:
- Reducción del empleo formal: empresas que actualmente operan bajo regímenes especiales de exoneración se verían obligadas a recortar personal o cerrar operaciones ante el incremento de sus costos. Las zonas económicas más vulnerables serían las orientadas a la exportación y aquellas ubicadas fuera de los principales centros urbanos.
- Incremento en el costo de vida: la modificación en la estructura fiscal implicaría, según las proyecciones privadas, un alza en los precios de productos esenciales como alimentos, medicamentos, transporte y servicios básicos. Esto afectaría especialmente a los sectores de menores ingresos, al trasladarse los nuevos costos al consumidor final.
- Desplazamiento de capital y talento: otro punto de preocupación es la posible fuga de empresas e inversiones hacia países vecinos con marcos regulatorios considerados más estables. Esta tendencia, advierten, comprometería el desarrollo económico a mediano y largo plazo, además de provocar una pérdida significativa de empleo calificado.
Demandas de conversación y análisis legislativo
En este contexto, diversas industrias solicitaron al Congreso Nacional detener el avance de la ley hasta no establecer espacios para un diálogo técnico y participativo. Los representantes del ámbito privado expresaron que una reforma fiscal necesita un amplio consenso y un análisis de impacto, especialmente en un escenario económico caracterizado por una elevada informalidad y escasa recaudación.
Asimismo, instaron a la población a educarse acerca de los detalles de dicha propuesta y a demandar que las resoluciones en temas fiscales no perjudiquen el empleo ni la competitividad del país. «Lo que se arriesga no es un beneficio especial, sino el sustento de miles de familias», declaró un vocero empresarial.
Desafíos institucionales y problemas fiscales
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria se inscribe en un contexto de tensión entre el gobierno y sectores económicos organizados, y refleja una disputa de fondo sobre el modelo de desarrollo que el país debe seguir. Mientras el Ejecutivo plantea la necesidad de revisar los regímenes fiscales para reducir la desigualdad y aumentar los ingresos estatales, el sector privado advierte sobre los efectos de una reforma sin consenso técnico ni garantía de seguridad jurídica.
Este episodio evidencia los desafíos que enfrenta Honduras para equilibrar sus objetivos de justicia tributaria con la necesidad de mantener condiciones propicias para la inversión, el empleo formal y la estabilidad económica. En un entorno marcado por la desconfianza institucional y la polarización política, el debate en torno a esta ley pone en relieve la urgencia de construir mecanismos de concertación y diálogo social sostenido.
