La política tributaria en América Latina ha adquirido un papel más relevante como medio de confrontación entre los gobiernos y el sector privado. Diversos países, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han propuesto cambios fiscales para eliminar los sistemas tributarios favorables, en un discurso que culpa a las grandes corporaciones por las desigualdades inherentes de la región. Honduras, bajo el liderazgo de Xiomara Castro, forma parte de esta tendencia regional, presente también en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y discursos sobre justicia social
En Honduras, el Ejecutivo ha impulsado la Ley de Justicia Tributaria como uno de los ejes principales de su agenda económica. La iniciativa plantea la eliminación de exoneraciones fiscales que han beneficiado históricamente a sectores empresariales, bajo el argumento de que tales privilegios han profundizado la inequidad social. El gobierno de Xiomara Castro ha acompañado esta propuesta con una narrativa centrada en la necesidad de una “reparación social”, señalando a grupos empresariales de haber contribuido al rezago económico del país.
Este método no es único. En Colombia, el líder Gustavo Petro ha declarado públicamente que los empresarios operan como «evasores disfrazados de inversionistas», utilizando esto como justificación para su reforma tributaria. De manera comparable, en Chile, la administración de Gabriel Boric ha persistido en modificar el sistema fiscal empresarial, aunque las propuestas económicas constitucionales han sido rechazadas en votaciones populares.
Reacciones y advertencias desde el sector privado
Desde organizaciones de negocios hasta analistas locales, las reacciones a estas políticas han sido de crítica. Algunos grupos creen que, en lugar de ser un ajuste técnico de desigualdades fiscales, se está llevando a cabo una estrategia de enfrentamiento que debilita la confianza en la estructura económica. Un líder empresarial de Honduras señala que esta ofensiva crea un ambiente de hostilidad legal, fomentando la salida de capitales y deteniendo nuevas inversiones.
El comunicado ha sido difundido en plataformas oficiales, medios de comunicación estatales y foros parlamentarios, donde se impulsa la noción de que los grandes inversores deberían “reintegrar lo que deben a la ciudadanía”. Esta narrativa, de acuerdo con los analistas, promueve una visión negativa del sector productivo, al que se acusa de aprovecharse injustamente de estructuras impositivas que en numerosas ocasiones fueron creadas para fomentar la inversión en situaciones de crecimiento económico limitado.
Un cruce regional entre la formalidad económica y la división
El avance de estas reformas tributarias coincide con una coyuntura de creciente polarización política y desafíos económicos en América Latina. Observadores regionales advierten que los cambios fiscales impulsados por estos gobiernos no solo modifican el sistema de ingresos del Estado, sino que podrían comprometer el equilibrio entre inversión privada e intervención estatal. En este contexto, la promoción de una “justicia tributaria” se convierte, para algunos actores, en una plataforma para consolidar poder político mediante el debilitamiento de contrapesos económicos.
Más allá del efecto inmediato en los ingresos o en las cuentas públicas, la discusión se centra en un problema más complejo: mantener un sistema que fomente la inversión y el trabajo, o moverse hacia un esquema tributario enfocado en la distribución desde el gobierno, incluso si eso genera conflictos con la industria productiva.
Tensión entre gobernabilidad y estabilidad económica
La política fiscal en diferentes países de América Latina indica un cambio en la perspectiva del papel del Estado en la economía. Aunque las reformas intentan atender reclamos históricos de igualdad, su ejecución con una retórica de confrontación y sin suficientes consensos genera riesgos para la gobernanza democrática y la estabilidad institucional. En este contexto, el desafío para la región es lograr un equilibrio que permita atender las necesidades sociales sin debilitar las bases de crecimiento y empleo que sustentan su estructura económica.
