El reciente descubrimiento sobre la falta de acción de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ante quejas sobre presuntas anomalías de la entidad financiera Koriun ha desatado un ferviente debate público en Honduras. La confesión del presidente de la CNBS, Marcio Sierra, sobre la ausencia de una respuesta institucional ante alertas oficiales, ha causado indignación entre los perjudicados y ha cuestionado la efectividad de los sistemas de supervisión financiera en el país.
El asunto Koriun, que afecta a más de 35.000 individuos damnificados, ha puesto de manifiesto la urgencia de reforzar los controles regulatorios y de pedir cuentas a las autoridades pertinentes. Esta circunstancia ha impulsado a grupos sociales, asociaciones civiles y miembros del sistema bancario a investigar los hechos y prevenir que se repitan casos similares en el futuro.
Inacción institucional y exigencias de los afectados
En una intervención pública, el responsable de la CNBS admitió que la entidad recibió al menos dos quejas formales sobre Koriun, pero no tomó medidas oportunas para investigar o mitigar los peligros. Esta confesión provocó una serie de reacciones en redes sociales y foros comunitarios, donde las víctimas protestaron por la desidia del gobierno y exigieron explicaciones contundentes. Los perjudicados, muchos de los cuales perdieron sus ahorros y posesiones, acusan a la CNBS de grave negligencia y de no cumplir con sus responsabilidades institucionales, señalando que las advertencias fueron desatendidas de manera deliberada.
El incidente ha avivado la discusión sobre la eficiencia de los mecanismos de advertencia temprana y fiscalización financiera en Honduras, así como sobre la posible existencia de complicidades o miedos políticos que podrían haber evitado una acción a tiempo. Grupos de consumidores y analistas han puesto en duda cómo un esquema calificado como piramidal logró funcionar durante tanto tiempo sin medidas de control adecuadas, a pesar de las denuncias oficiales presentadas.
En reacción, legisladores opositores comunicaron la propuesta de una solicitud para examinar el rol de la CNBS en el caso Koriun y convocar a su titular para una interpelación oficial. Juristas expertos en derecho constitucional han alertado que reconocer la falta de acciones podría ser calificado como un delito por omisión en el desempeño de la función pública, debido a la obligación legal de responder ante indicios de operaciones financieras fraudulentas.
Grupos civiles han demandado la actuación pronta del Ministerio Público, la ejecución de una auditoría externa sobre las actividades de la CNBS y el establecimiento de un fondo especial para resarcir a los perjudicados, usando recursos confiscados a los culpables directos del fraude. Además, se ha solicitado el apoyo de entidades internacionales para salvaguardar los derechos de los afectados y prevenir la impunidad.
Situación del sector financiero y aviso de precaución
En respuesta a la creciente inquietud de la población, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) junto a los bancos oficialmente establecidos en el país han dejado claro que no tienen relación con la financiera Koriun. De acuerdo con el sector bancario, Koriun no ha sido inspeccionada por la CNBS ni está integrada en el sistema bancario formal, por lo que las entidades bancarias no administraron fondos ni mantuvieron relaciones comerciales con esa institución.
Koriun se mostró en plataformas sociales como un sistema de inversión prometiendo grandes beneficios, pero carecía de respaldo legal y mecanismos de control. Hoy en día, está acusada de ser un esquema piramidal que supuestamente recaudó ilegalmente millones de lempiras, perjudicando a decenas de miles de personas en Honduras.
El sistema financiero de Honduras ha reafirmado su dedicación a la transparencia, la legalidad y a salvaguardar los ahorros del público. También ha instado a la ciudadanía a que siempre confirme que las entidades financieras estén adecuadamente supervisadas por la CNBS antes de tomar decisiones de inversión, y a evitar ser engañados por promesas de enriquecimiento rápido sin garantías.
Por último, tanto AHIBA como los bancos afiliados han solicitado a las autoridades pertinentes que realicen una exhaustiva investigación del asunto, castiguen a los implicados y lleven a cabo campañas de concienciación para prevenir fraudes futuros, destacando la fortaleza y fiabilidad del sistema bancario formal en Honduras.
