La crisis causada por el esquema piramidal a gran escala de la financiera Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones ciudadanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula que demandan medidas concretas por parte del gobierno de Honduras. Personas afectadas de diversas partes del país culpan a la falta de acción institucional frente a un caso que ha generado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La respuesta del Estado, hasta ahora insuficiente, ha intensificado las críticas públicas y reabierto cuestionamientos sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y castigar fraudes de tal envergadura.
Denuncias públicas e institucionales bajo cuestionamiento
Las protestas de los últimos tiempos se caracterizaron por lemas enfocados hacia el gobierno de la mandataria Xiomara Castro y a organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los protestantes afirman que fueron víctimas de un esquema financiero engañoso y, hasta ahora, no se ha establecido un programa de compensación ni se han señalado culpables de forma clara.
Una de las críticas más destacadas se dirige a la CNBS. Los manifestantes señalan que el organismo regulador ha recibido quejas formales acerca de las actividades irregulares de Koriun, sin que se hayan tomado acciones preventivas o correctivas. Estas informaciones han intensificado la percepción de una potencial negligencia institucional, lo que ha incrementado la desconfianza en la vigilancia estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al empleo de recursos públicos y demanda de rendición de cuentas penales
Los afectados también han rechazado propuestas no oficiales que sugieren el uso de recursos estatales para compensar las pérdidas ocasionadas por la estafa. La idea de utilizar fondos públicos ha sido calificada por los manifestantes como una medida improcedente que trasladaría la responsabilidad del fraude al conjunto de la ciudadanía, en lugar de perseguir a los responsables materiales y cómplices del esquema piramidal.
A lo largo de las manifestaciones, numerosos carteles mostraron el descontento hacia la postura tomada por las autoridades. Frases como “El Gobierno tiene culpa” y “Koriun engañó, el Estado protegió” sugieren una historia donde tanto los autores de la estafa como las entidades de supervisión y justicia comparten parte de la culpa por la ausencia de respuestas rápidas.
En simultáneo, la falta de progresos notables en el Ministerio Público ha causado críticas de grupos ciudadanos que sienten que hay una falta de intención política para resolver el caso judicialmente de manera efectiva. La inacción de la Fiscalía ante un caso de gran trascendencia social e institucional ha creado un nuevo punto de tensión entre la sociedad civil y el sistema judicial.
Perspectivas de movimiento y presión global
Ante la falta de avances, organizaciones civiles han anunciado la organización de nuevas jornadas de protesta y han dejado abierta la posibilidad de escalar el conflicto a instancias internacionales. El recurso a mecanismos legales en el extranjero es visto por algunos sectores como una vía para presionar al Estado hondureño a cumplir con sus responsabilidades en materia de justicia y reparación.
El enfrentamiento ha revelado no solo la extensión del fraude, sino también las debilidades en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de reacción frente a delitos económicos a gran escala. El caso Koriun ha situado en el foco del debate nacional la urgencia de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanciones y reparación, en un contexto de creciente desconfianza en las instituciones.
Un escenario caracterizado por el deterioro institucional
El avance del caso Koriun muestra una situación donde las demandas sociales de justicia chocan con la tardanza institucional. La incertidumbre respecto a la gestión de los recursos, la culpabilidad de los involucrados y el papel de las entidades reguladoras ha puesto al Gobierno bajo un escrutinio intenso. El desafío para las autoridades y el sistema judicial no es solo solucionar el caso, sino también recuperar la confianza de la ciudadanía en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos financieros de las personas en un país donde los mecanismos de control permanecen débiles.
