El asunto de Koriun Inversiones ha desatado un extenso debate en Honduras, en particular después de las declaraciones del diputado Edgardo Castro en una entrevista radial reciente. Esta circunstancia ha revelado la enormidad del engaño, la supuesta protección de las instituciones y la ausencia de respuestas eficientes de las autoridades.
En la entrevista, el legislador Castro discutió sobre cómo opera la compañía, la respuesta de las entidades y la posible connivencia de funcionarios estatales, destacando la importancia de una investigación exhaustiva y la necesidad urgente de aclaraciones para las miles de personas involucradas.
Operativa del engaño y falta institucional
Durante su discurso, el legislador Castro detalló que Koriun Inversiones funcionaba públicamente, administrando enormes cantidades de dinero en efectivo, que se guardaban en cajas y bolsas en sus locales, sin intervención de las autoridades. Indicó que, a pesar del significativo volumen de las operaciones financieras y de las extensas filas de individuos que asistían cada día, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ni la policía, ni la fiscalía tomaron medidas para cesar la actividad durante años.
Castro expresó dudas sobre la inacción de las entidades encargadas y propuso que la falta de medidas podría estar asociada a la protección de altos funcionarios. De acuerdo con su evaluación, la indagación del caso se paralizó prontamente y no se ha avanzado en detectar a los responsables ni en rastrear posibles recursos ocultos. El legislador también señaló la participación de extranjeros en el esquema, quienes operaban con grandes sumas de dinero sin limitaciones, lo que, según él, solo es viable con apoyo gubernamental.
Consecuencias políticas y sugerencias para investigación
El legislador afirmó que la protección a Koriun Inversiones podría implicar a funcionarios de varios niveles, como alcaldes, fiscales y políticos, lo que habría permitido que el fraude continuara. Indicó que algunas figuras públicas respaldaron a la firma y que el Ministerio Público debió haber llamado o arrestado a aquellos que facilitaron su funcionamiento. También mencionó la presencia de estructuras organizadas para encubrir acciones ilegales y la carencia de transparencia en la administración de las entidades estatales.
Castro sugirió que la Fiscalía ofrezca incentivos económicos a aquellas personas que reporten actividades corruptas, creyendo que este método podría estimular la participación ciudadana y ayudar a identificar a los culpables en situaciones similares a la de Koriun Inversiones. Además, mencionó el problema de la corrupción en otras áreas del gobierno, como el ámbito de la salud y el registro civil, indicando que la venta de datos y el mal uso de fondos son prácticas comunes que minan la confianza de la población.
Durante su evaluación, el legislador relacionó el caso Koriun Inversiones con un panorama más extenso de corrupción e impunidad, en el que las averiguaciones quedan estancadas y no logran llegar a quienes tienen mayor responsabilidad, y en el que los sistemas de control institucional son inadecuados. Criticó la falta de medidas efectivas para recuperar el dinero y penalizar a aquellos involucrados en la estafa, además de señalar la influencia de intereses políticos y económicos en el proceso de toma de decisiones dentro de las entidades.
El asunto de Koriun Inversiones, como señaló el legislador Castro, resalta la importancia de reforzar el control gubernamental, asegurar la autonomía en las indagaciones y fomentar la claridad en la administración pública para prevenir que ocurra algo similar de nuevo y para recuperar la fe de la población en las entidades nacionales.
