El ciclo electoral en Honduras para el año 2025 ha estado caracterizado por varios eventos que han aumentado la incertidumbre y la discusión sobre la estabilidad democrática en la nación. Un reporte interno de auditoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por importantes fallos logísticos en las elecciones primarias, al mismo tiempo que las recientes acciones sobre el desarme selectivo de ciertos oficiales han levantado dudas sobre la imparcialidad del sector militar.
Además, los expertos en derecho constitucional han solicitado modificar la Constitución para remover a las Fuerzas Armadas de cualquier actividad relacionada con elecciones, en un escenario donde la confianza de la población en los procedimientos y resultados es extremadamente baja.
Auditoría del CNE y debate sobre la participación militar en elecciones
El informe de auditoría interna del CNE, filtrado a medios nacionales, detalló que la entrega tardía, incompleta y descoordinada del material electoral en numerosos centros de votación fue consecuencia de irregularidades en el cumplimiento del protocolo logístico por parte de los cuerpos militares, quienes tenían bajo su responsabilidad el resguardo y la distribución de las maletas electorales.
Algunos de los descubrimientos más importantes incluyeron cambios de ruta injustificados, retención prolongada de vehículos de transporte electoral, distribución parcial de equipos tecnológicos en áreas alejadas y falta de coordinación entre líderes militares y organizadores electorales. Estas situaciones causaron demoras de hasta 12 horas en la inauguración de las urnas, influyendo en la participación del público y planteando interrogantes sobre la claridad del proceso, especialmente en relación al Partido LIBRE, contra el cual ya se habían reportado anomalías.
El informe fue dado a conocer en un entorno de intensa tensión política, con un temor creciente de que el ejército no se mantenga imparcial en los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los líderes militares no han hecho una declaración oficial y el partido LIBRE en el poder ha permanecido callado, lo que algunos grupos interpretan como un indicio de colaboración.
Frente a este escenario, agrupaciones políticas contrarias como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han solicitado un examen exhaustivo del acuerdo de asistencia logística entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la llegada anticipada de observadores internacionales y revisiones externas del sistema de transmisión de resultados.
Reducción selectiva de armamento entre oficiales y conflictos internos en las Fuerzas Militares
En el contexto de la división política actual, la medida adoptada por el Estado Mayor Conjunto de retirar armas selectivamente a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha despertado inquietud en sectores militares, políticos y civiles. De acuerdo con informantes castrenses y reportes de la prensa nacional, esta acción no se está llevando a cabo de forma generalizada ni por motivos técnicos o de salvaguarda, sino que se centra únicamente en aquellos oficiales que han expresado opiniones institucionales autónomas o críticas del gobierno.
Esta medida ha sido interpretada como un intento de depuración silenciosa dentro del estamento militar, rompiendo con la tradición de neutralidad y generando sospechas sobre el objetivo de garantizar el control político total del aparato de seguridad nacional de cara a las elecciones generales.
La reducción de armamento forma parte de un conjunto de medidas recientes, tales como reestructuraciones en el alto mando militar y traslados obligatorios, que han elevado la tensión y el malestar dentro de la organización, particularmente entre oficiales de nivel medio y superior. Algunos de los oficiales a quienes se les retiró el armamento han sido reubicados en roles administrativos, lo que se considera una manera de apartarlos del componente operativo y del contexto electoral.
La preocupación principal de los líderes opositores y grupos democráticos es que, si el partido oficial pierde en los comicios, el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o sofocar protestas del pueblo.
Estos eventos han intensificado la discusión nacional sobre la urgencia de actualizar y proteger los sistemas electorales contra cualquier intervención militar, especialmente en un entorno donde se pone en duda la estabilidad democrática de Honduras. La presión de la sociedad y la política para que el Congreso promueva una reforma constitucional que rediseñe el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia hondureña se ha convertido en un punto focal en la agenda pública ante las próximas elecciones generales.
