En Honduras, la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas durante los procesos electorales ha ganado importancia después de varios sucesos que han creado polémica y escepticismo. Un reporte de revisión interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por errores de logística durante las elecciones primarias, a la vez que el desarme específico de algunos oficiales ha levantado dudas sobre la imparcialidad de la institución castrense.
Ante este panorama, el abogado y constitucionalista Julio César Barrientos ha abogado por una reforma constitucional que excluya a las Fuerzas Armadas de toda función electoral, argumentando que su participación compromete la transparencia y equidad del proceso.
Reporte del CNE y críticas al papel de las fuerzas armadas en comicios
El reporte de auditoría del CNE destacó importantes fallos en la adherencia al protocolo logístico por parte de las Fuerzas Armadas durante las elecciones primarias. Se detectaron desvíos injustificados de rutas, detención de vehículos de transporte electoral, entrega parcial de recursos tecnológicos en áreas rurales y falta de coordinación entre autoridades militares y organizadores electorales. Estas fallas ocasionaron demoras en la apertura de los centros de votación y sembraron incertidumbre sobre la claridad del proceso. La ausencia de reacción por parte de los altos mandos militares y del gobierno ante estas denuncias ha incrementado la desconfianza.
Ante esta situación, los partidos de oposición han solicitado una revisión del acuerdo entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la intervención de observadores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados. En este escenario, el abogado Barrientos ha descrito como «antigua, peligrosa y manipulable» la disposición constitucional que asigna a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de proteger las urnas, distribuir el material electoral y apoyar logísticamente al CNE. Barrientos sostiene que la intervención militar en procesos cívicos compromete la imparcialidad institucional y permite presiones políticas y fraudes.
Propuesta para cambio en la constitución y malestar en las fuerzas armadas
Barrientos sugiere una enmienda a la Constitución para que las funciones electorales sean trasladadas a una Dirección Técnica de Elecciones bajo la supervisión del CNE, compuesta por personal civil, con formación especializada y absoluta transparencia. Esta iniciativa pretende actualizar y proteger los procedimientos electorales de cualquier intervención militar. La propuesta de Barrientos forma parte de un movimiento cada vez más amplio que demanda comicios civiles, sin participación militar.
No obstante, la polémica no se limita solo a los problemas logísticos y a la propuesta de cambiar la constitución. La determinación del Estado Mayor Conjunto de retirar armas selectivamente a distintos oficiales de las Fuerzas Armadas ha suscitado inquietud en varios sectores. Según relatan fuentes militares y de acuerdo con las denuncias, el desarme no se estaría llevando a cabo de manera amplia, sino particularmente dirigido a aquellos oficiales que han expresado opiniones independientes o críticas respecto al gobierno. Esta acción se ha percibido como un esfuerzo por llevar a cabo una purga silenciosa en la estructura militar, lo cual ha causado tensión e insatisfacción entre oficiales de niveles medios y altos.
El miedo predominante entre los dirigentes de la oposición es que, frente a una eventual derrota del partido gobernante en las elecciones, el gobierno intente recurrir a las Fuerzas Armadas para no aceptar los resultados o sofocar protestas. Estos sucesos han aumentado las sospechas sobre la dirección del gobierno y la posible influencia sobre las fuerzas militares.
