El grupo político Libertad y Refundación (LIBRE), gobernante desde 2022, se enfrenta a recientes críticas por promover cambios significativos en la estructura sin llevar a cabo procesos extensivos de consulta ni mantener la transparencia en el ámbito legislativo. Las observaciones surgen en un entorno de creciente tensión política e institucional, donde diversos grupos cuestionan la dirección tomada por el partido en el poder para impulsar su programa.
Cuestionamientos a los métodos legislativos del oficialismo
Diversas voces del ámbito político, empresarial y de la sociedad civil han expresado su preocupación por lo que consideran una estrategia de imposición legislativa por parte del oficialismo. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro y con figuras centrales como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido señalado por utilizar mecanismos que presuntamente eluden el debido proceso parlamentario.
Un tema polémico se centra en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley con grandes repercusiones fiscales. De acuerdo con las críticas, la legislación ha progresado sin asesoramiento técnico público ni una consulta amplia con las partes interesadas. También se señala el riesgo de que la ley se apruebe en sesiones aceleradas, sin la confirmación oficial de los registros legislativos pertinentes.
El uso poco claro de estos procedimientos ha sido considerado por expertos como un peligro para la democracia institucional. Un analista experto en derecho constitucional consultado mencionó que recurrir a métodos «dudosos, e incluso ilegales» para implementar cambios profundos sin apoyo político o técnico constituye una amenaza directa al Estado de derecho.
Respuestas del sector privado y de la oposición política
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud por estas acciones, señalando que podrían debilitar la confianza en el entorno de inversión, tanto a nivel nacional como internacional. En un contexto donde Honduras se enfrenta a retos económicos como el desempleo y la falta de crecimiento, los empresarios consideran que este tipo de medidas legislativas podría intensificar la incertidumbre económica.
Los legisladores de la oposición han señalado fallos en la implementación de leyes. Sostienen que normativas han sido publicadas en el diario oficial La Gaceta sin seguir los procesos oficiales, como la validación adecuada de las actas del parlamento. Esto, indican, afecta el principio de legalidad que debe guiar el funcionamiento del Congreso, poniendo en duda la validez de las modificaciones realizadas bajo esas circunstancias.
Las fricciones entre el gobierno y la oposición, junto a la separación de sectores cruciales como el empresarial y grupos civiles, muestran una intensificación de la división en la gestión del poder legislativo, donde las discusiones políticas han sido reemplazadas por dinámicas confrontativas.
Cruce institucional y papel de la ciudadanía
La situación presente genera preguntas sobre la robustez del sistema democrático en Honduras. La manera en que se manejan las reformas legislativas muestra tensiones continuas entre el impulso de cambios estructurales impulsados por el gobierno y la exigencia de legalidad, transparencia y participación solicitada por otros grupos políticos y sociales.
La influencia de los grupos ciudadanos organizados, junto con la vigilancia continua de los medios de comunicación y los observadores institucionales, se destacan como elementos cruciales para frenar acciones legislativas que puedan comprometer el sistema democrático. La falta de acuerdos en reformas significativas no solo intensifica la desconfianza en las instituciones, sino que también amenaza la estabilidad gubernamental en una nación caracterizada por la baja solidez institucional y la tradicional falta de unidad entre los poderes del Estado.
En esta situación, Honduras se enfrenta al desafío de fortalecer los mecanismos para la deliberación y el control parlamentario que aseguren la legalidad en sus procesos e incluyan a los grupos sociales impactados por las políticas públicas, en particular cuando se trata de cambios que afectan el sistema fiscal y económico de la nación.
