En Honduras, la cercanía de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la honestidad del proceso electoral. Han surgido dos puntos de conflicto: las dudas sobre un uso potencial del Ministerio Público contra miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente desconfianza respecto al papel de las Fuerzas Armadas como protectores del proceso democrático.
Hay informes que sugieren que la Fiscalía podría estar armando cargos formales contra miembros del CNE, lo cual ha preocupado a grupos políticos y entidades que promueven la democracia. Se dice que este procedimiento legal estaría impulsado por razones políticas, apuntando a consejeras que han tomado posturas críticas o autónomas frente al oficialismo. La eventual judicialización de las consejeras del CNE ocurre en un momento crítico, cuando el órgano electoral debe asegurar la organización justa del proceso electoral, la validez de los resultados y la confianza de los partidos políticos y los ciudadanos.
Riesgo de control y desconfianza institucional
Este tipo de medidas podrían poner en riesgo la autonomía de las instituciones y socavar la fe del público en el sistema electoral. Los opositores junto con grupos de la sociedad civil han manifestado su inquietud, demandando indagaciones fundamentadas en evidencias sólidas, en lugar de motivaciones políticas. Se ha solicitado a la comunidad internacional que alce la voz frente a cualquier intento de interferencia con el CNE y vigile las acciones del Ministerio Público.
Paralelamente, se ha intensificado la desconfianza ciudadana y política hacia el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso democrático. Líderes de partidos opositores, organizaciones de la sociedad civil y analistas independientes han manifestado su preocupación por remociones y retiros sospechosos dentro de la oficialidad militar, la aproximación ideológica y operativa entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, la presencia activa de elementos militares en procesos civiles y eventos electorales, y la falta de transparencia en la planificación del despliegue militar durante los comicios.
Miedo a la militarización y exhortaciones a la supervisión
En las elecciones primarias de marzo, se informaron eventos relacionados con demoras en la distribución de materiales electorales y una presencia militar poco común en algunos centros de votación. Esto ha incrementado el miedo a la posible militarización del sistema electoral. Existe preocupación de que las Fuerzas Armadas, influenciadas por personas cercanas al oficialismo, podrían ser utilizadas como mecanismo para facilitar un fraude en las elecciones o para reprimir manifestaciones ciudadanas.
El incremento en la desconfianza ha resultado en llamados urgentes a entidades internacionales para que envíen equipos de observación y pidan garantías de imparcialidad militar y claridad en las operaciones. Colectivos ciudadanos han iniciado la creación de redes de monitoreo social con el fin de documentar posibles abusos o irregularidades. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre dependerá del comportamiento de las instituciones y del control ciudadano.
