El escenario político en Honduras está en una situación delicada, con múltiples sectores de la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación expresando gran inquietud sobre lo que consideran una inclinación autoritaria del Partido LIBRE, especialmente en relación con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
Las advertencias en la comunidad hondureña han aumentado debido a una serie de medidas tomadas por el gobierno que indican una grave degradación de los valores democráticos. Estas medidas incluyen desde la restricción de derechos civiles básicos, indispensables para el ejercicio total de la ciudadanía, hasta la adopción de herramientas que intentan ejercer un control mayor sobre los medios de comunicación, elementos clave en la creación de la opinión pública y en la vigilancia del poder.
Con esto se suma la sensación de una táctica intencional para reforzar el control en varias instituciones del Estado, lo cual podría resultar en un debilitamiento de la división de poderes y, por lo tanto, de los mecanismos de control y balance necesarios para un sistema democrático robusto. La convergencia de estas tendencias ha creado un ambiente de inseguridad y miedo entre diferentes grupos, quienes perciben en estas medidas un patrón que podría llevar a un régimen con rasgos autoritarios.
Peligros para los derechos básicos: manifestaciones, medios de comunicación y ejército
Entre las medidas que han suscitado polémica está la supuesta penalización de las manifestaciones ciudadanas, ya que se han señalado la difusión de normas y decretos que autorizan el empleo de la fuerza y el enjuiciamiento de personas que se expresan, aun en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han documentado detenciones arbitrarias de dirigentes comunitarios, despliegues excesivos de la policía y advertencias de enjuiciamiento a asociaciones sociales críticas de las autoridades.
Por otro lado, ha surgido preocupación por la independencia de los medios. Tanto periodistas como canales de comunicación críticos han enfrentado campañas de desprestigio, limitaciones para acceder a información pública, presiones en el ámbito fiscal, judicial y publicitario, además de actos de violencia e intimidación física. Entidades como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han mostrado su inquietud por el deterioro de la libertad de prensa en la nación.
Otro punto de controversia es la situación dentro de las Fuerzas Armadas. Se han reportado denuncias sobre una presunta depuración selectiva de oficiales que no comparten la línea política del partido gobernante, así como el desarme parcial o traslado de funciones estratégicas a mandos afines al oficialismo. Estas acciones han generado preocupación por la posible politización de la institución militar.
La encrucijada de la democracia en Honduras
Las medidas emprendidas contra los medios informativos y la comunidad civil tienen como objetivo callar a las voces que disienten, al tiempo que indican un plan más extenso para desmantelar los frenos democráticos y fortalecer un poder dominante.
La inquietud se ha manifestado en torno a la puesta en marcha de un plan que, de acuerdo con expertos y líderes opositores, pretende afianzar el poder del Partido LIBRE dentro de las entidades estatales, mediante la captura institucional, enmiendas a la constitución, acoso a la oposición y medios críticos, y la utilización de recursos estatales para el clientelismo político. Se ha mencionado el esfuerzo por controlar el Consejo Nacional Electoral, la nominación de personas asociadas con el ala más extrema del partido, los intentos de modificar la constitución, la creación de estructuras paralelas al gobierno y el alejamiento de Estados Unidos.
Los comicios generales de 2025 se presentan como un punto crítico para el porvenir de la democracia en Honduras. Los ciudadanos tendrán que elegir entre permitir el fortalecimiento de un modelo autoritario o defender la estructura democrática institucional.
