El escándalo por la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha afectado a más de 35.000 personas en Honduras, ha escalado al centro del debate político tras la aparición de cuestionamientos hacia figuras cercanas al círculo de poder presidencial. En particular, las críticas se han centrado en el llamado “familión Zelaya”, término con el que sectores opositores y organizaciones ciudadanas aluden a funcionarios con vínculos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Aunque el Ministerio Público ha iniciado acciones judiciales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha intervenido con medidas como la congelación de cuentas y algunas capturas, persiste una fuerte incertidumbre sobre la transparencia y el alcance real de las investigaciones. La falta de información oficial detallada sobre cómo se permitió el funcionamiento del esquema fraudulento durante tanto tiempo ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de la supervisión financiera y de la aplicación de justicia.
Acusaciones contra empleados con conexiones políticas
Dentro de los nombres mencionados en la discusión pública están Héctor Zelaya, el secretario privado de la Presidencia e hijo del antiguo presidente Zelaya, así como el fiscal general Johel Zelaya. Ambos han desempeñado roles estratégicos desde el comienzo del presente gobierno y, según diversas opiniones críticas, podrían contar con la capacidad de influir en los procesos institucionales vinculados con el caso Koriun.
Estas imputaciones surgen en un entorno caracterizado por la polarización y la creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado. Aun cuando no hay evidencia pública que relacione directamente a los funcionarios nombrados con el fraude, las críticas señalan la posible falta de objetividad en las acciones y una gestión arbitraria de las responsabilidades legales que les competen.
Incertidumbres respecto al desempeño institucional
La CNBS es una de las entidades más criticadas por su lenta reacción ante el esquema fraudulento, que consiguió mover al menos 428 millones de lempiras antes de ser descubierto. La comisión apoyó la declaración del gobierno de compensar a los perjudicados, aunque no proporcionó un informe técnico o legal que detalle las condiciones de este procedimiento ni las razones de la debilidad en los controles preventivos.
El Ministerio Público, bajo la dirección de Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, los progresos de la investigación no vienen acompañados de una comunicación clara y abierta que elimine las incertidumbres acerca del rol de los funcionarios estatales en la omisión o el posible encubrimiento de las irregularidades.
Demandas de claridad y supervisión autónoma
Organizaciones de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han instado a crear una comisión autónoma, sea a nivel nacional o con ayuda internacional, que investigue de manera independiente los acontecimientos y potenciales conexiones entre los responsables del esquema y empleados del gobierno. Las exigencias abarcan la presentación de un informe exhaustivo que aclare los métodos operativos del fraude, la detección de fallas en los controles económicos y que cualquier individuo involucrado, sin importar la relación familiar o nexos políticos, rinda cuentas.
En diversos espacios ciudadanos se ha advertido que el manejo del caso Koriun puede convertirse en un punto de inflexión para la credibilidad institucional del país. «Cuando el Estado prioriza los pagos políticos antes que la justicia, el daño a la credibilidad institucional es irreversible», se afirmó en un foro reciente sobre transparencia y lucha contra la corrupción.
Una situación crítica que trasciende lo económico
Dos meses después de que el caso estallara, las repercusiones ya no se reducen al ámbito económico. La idea de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a posibles responsabilidades legales ha incrementado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre la utilización política de las instituciones.
La evolución de este proceso, la reacción del gobierno y el comportamiento de las entidades autónomas determinarán no solo el desenlace judicial del asunto, sino también el grado de confianza que los hondureños tengan en sus autoridades dentro de un entorno de debilidad institucional y elevada polarización. La demanda fundamental, por el momento, se centra en una investigación que sea independiente y que ofrezca garantías de responsabilidad, como requisito básico para mantener la legitimidad del Estado de derecho.
