En Honduras, la coyuntura política y social ha despertado preocupaciones importantes por las acusaciones de una posible represión política hacia detractores y comunicadores críticos de la presidenta Xiomara Castro. Varias entidades de derechos humanos y grupos políticos han expresado su inquietud ante lo que perciben como un incremento en las medidas destinadas a restringir la participación política y la libertad de expresión. Estas acusaciones destacan el empleo del sistema judicial para levantar cargos contra legisladores contrarios al gobierno y en campañas de intimidación contra medios de comunicación no alineados.
El trasfondo de estas acusaciones se sitúa en un entorno donde la libertad de expresión y el involucramiento político son componentes esenciales para el reforzamiento institucional y el respeto a los derechos humanos. La circunstancia ha motivado llamados a entidades internacionales para que intervengan y vigilen el respeto a las garantías constitucionales y la protección de las voces críticas en la nación.
Denuncias de hostigamiento político y judicial hacia la oposición
El Partido Nacional ha expresado que el gobierno podría estar utilizando el sistema judicial para levantar cargos infundados contra legisladores opositores, con el objetivo de desacreditarlos y culparlos por el retraso en la selección de nuevas autoridades en el Ministerio Público. Esta situación ha llevado a que se pida la intervención de entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para asegurar el respeto a las libertades y garantías constitucionales. De igual manera, el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) ha reportado una supuesta persecución política por parte del Ejecutivo, sosteniendo que estas medidas intentan silenciar a las fuerzas opositoras y fortalecer la influencia del partido en el poder.
Estos reclamos evidencian un ambiente de fricción política donde la oposición siente que su intervención está siendo restringida y que se utiliza el poder estatal para impactar su reputación y eficacia operativa. La ausencia de conversaciones y los enfrentamientos institucionales podrían influir en el funcionamiento democrático de la nación, particularmente en un marco electoral y de consolidación institucional.
Hostigamiento y restricciones a la libertad de prensa
Simultáneamente, entidades defensoras de la libertad de prensa han informado sobre un incremento en los ataques verbales y campañas de desacreditación contra periodistas y medios que critican al gobierno. Autoridades de alto rango han usado expresiones ofensivas al referirse a la prensa independiente, provocando un clima de hostilidad que podría impulsar la autocensura entre los reporteros. El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha registrado incidentes de acoso, amenazas e intimidación hacia periodistas que investigan temas delicados como la corrupción y las infracciones a los derechos humanos.
Estos casos se han comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha expresado inquietud por el debilitamiento de la libertad de expresión en Honduras. La condición plantea desafíos significativos para la democracia, ya que la libertad de prensa es un elemento crucial para la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana. El resguardo de los periodistas y el respeto a su trabajo son considerados aspectos importantes para el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos fundamentales en el país.
