La reciente coyuntura política en Honduras ha estado marcada por la movilización ciudadana en defensa de la pluralidad democrática y la inclusión política. En Tegucigalpa, un grupo diverso conformado por miembros de organizaciones de la sociedad civil, jóvenes universitarios, líderes comunitarios y ciudadanos independientes se congregó frente al Congreso Nacional para realizar una vigilia pacífica. El objetivo principal de esta manifestación fue exigir garantías plenas y respeto para los partidos políticos minoritarios en el contexto del proceso electoral que culminará con las elecciones generales de noviembre de 2025. La vigilia, caracterizada por el uso de velas y pancartas, sirvió como respuesta simbólica ante lo que los participantes consideran una amenaza al sistema multipartidista, en medio de denuncias de presiones, bloqueos administrativos y marginación mediática hacia partidos emergentes.
La manifestación sirvió también como plataforma para criticar acciones que, según los participantes, restringen la participación justa en las discusiones públicas, establecen barreras injustificadas para el registro de partidos y perpetúan discursos oficiales que desvalorizan a los grupos no convencionales. Además, mencionaron el uso de fondos públicos para favorecer a los partidos en el poder. Durante el evento, se entregó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), solicitando condiciones equitativas, transparencia en el acceso a medios estatales y protección contra el hostigamiento político a candidatos independientes o de minorías.
Marco del proceso electoral y quejas por exclusión
El proceso electoral en Honduras para 2025 se lleva a cabo en medio de una notable tensión y polarización. Las elecciones primarias, que tuvieron lugar el 9 de marzo, incluyeron a los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estos comicios se vieron afectados por demoras sustanciales en la distribución de los materiales electorales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que causó malestar y acusaciones de irregularidades por parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió haber enfrentado problemas logísticos, mientras que facciones de la oposición señalaron a las Fuerzas Armadas y a la ministra de Defensa, quien también es precandidata presidencial, por presunta manipulación de los eventos.
En este contexto, los partidos emergentes han denunciado propuestas legislativas que buscan adelantar la fecha límite para la presentación de planillas, lo que consideran una medida que restringe sus posibilidades de participación y consolida la exclusión política. Estas acciones se suman a reclamos por el uso desigual de recursos públicos y la falta de acceso equitativo a los medios de comunicación estatales. La preocupación de la sociedad civil y de los partidos minoritarios se centra en la necesidad de preservar la pluralidad política y evitar que las prácticas restrictivas se consoliden de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y exigencias de los ciudadanos
La manifestación frente al Congreso Nacional evidenció la monitorización constante de la ciudadanía sobre el proceso democrático. Los participantes presentaron oficialmente sus peticiones a las entidades electorales, requiriendo condiciones equitativas para todos los partidos participantes y asegurando la transparencia en la distribución de tiempo en los medios estatales. Asimismo, demandaron protección real contra el hostigamiento político, en particular para candidatos independientes o de agrupaciones minoritarias.
El periodo parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, iniciado tras las elecciones de 2021, ha estado marcado por la polarización y episodios de crisis interna, como la controversia en la elección de la junta directiva y la fragmentación de bancadas. Este contexto ha incrementado la percepción de que existen prácticas que favorecen a los partidos tradicionales y dificultan la participación de nuevas fuerzas políticas. La sociedad civil ha reiterado su compromiso de vigilar y defender los espacios de libertad y participación política, subrayando que la pluralidad es un elemento esencial para la democracia en Honduras.
