Han transcurrido más de dieciocho meses desde que el Gobierno de Xiomara Castro implementó el estado de excepción, y los índices de violencia y criminalidad en Honduras no muestran una reducción constante. Esto ha avivado la discusión sobre la efectividad de dicha medida en el ámbito de la seguridad del país.
Desde que fue aprobado en diciembre de 2022, el estado de excepción se propuso como una solución rápida para afrontar el control territorial ejercido por maras y pandillas en áreas urbanas y rurales. No obstante, su aplicación constante por más de 18 meses junto con las sucesivas extensiones no han conseguido frenar acontecimientos como la extorsión, los homicidios y otras formas de violencia que impactan directamente en sectores estratégicos de la economía y la vida diaria.
Persistencia del delito y percepciones ciudadanas
Varios reportes de entidades sociales y cifras de las fuerzas de seguridad indican que las bandas delictivas mantienen una notable habilidad para amedrentar, sobre todo en áreas estratégicas del norte y centro del país. Empresarios, conductores y habitantes persisten en reportar extorsiones, amenazas y homicidios en regiones donde el Estado mantiene fuerzas militares y policiales bajo el régimen de excepción.
Los líderes comunitarios, como uno entrevistado en Tegucigalpa, han indicado que “la población continúa sintiéndose atemorizada” y no se observan avances significativos en la seguridad. Estas declaraciones resaltan que la criminalidad sigue dominando zonas completas, mientras las autoridades muestran estadísticas que no corresponden con la situación en las calles, lo cual ha incrementado la desconfianza de la población.
Dudas sobre la estrategia del gobierno
La declaración de estado de emergencia se ideó como una respuesta excepcional al crimen organizado, proporcionando poderes especiales para la actuación de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada debido a su extensión prolongada y la falta de un plan completo.
Informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y de organismos internacionales han señalado un incremento en las denuncias por detenciones arbitrarias y vulneraciones a derechos fundamentales. En paralelo, expertos en seguridad advierten que la militarización sin inteligencia operativa no ha dado resultados sostenibles ni ha debilitado las estructuras criminales.
“La reacción del Estado ha sido más de coerción que de planificación”, indicó un experto en seguridad, quien cree que no se ha conseguido desarrollar un modelo de acción basado en prevención, justicia y colaboración institucional.
Quejas sobre una política de seguridad completa
Dada la prolongación del estado de emergencia y la continua presencia de la extorsión, uno de los crímenes que más afecta a la economía informal, al transporte público y a la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido un análisis técnico de la política de seguridad vigente.
Las quejas vinculadas a la extorsión continúan incrementándose y, a pesar de que ocasionalmente se informa sobre la detención de presuntos líderes, estas medidas no han logrado un impacto disuasorio constante. Conforme a relatos obtenidos en la prensa local, numerosas víctimas prefieren guardar silencio o desplazarse forzosamente debido a la ausencia de garantías de seguridad.
El sector empresarial ha manifestado inquietud por la ausencia de resultados tangibles y ha solicitado una revisión de la estrategia de seguridad, involucrando a expertos en justicia, organizaciones de la sociedad civil y colaboración internacional. “Honduras no necesita más espectáculos mediáticos. Necesita resultados auténticos”, afirmó un representante del sector empresarial, al reclamar claridad y responsabilidad en cuanto al empleo de medidas extraordinarias.
Retos para la institucionalidad en un entorno de violencia continua
La extensión del estado de emergencia sin una evaluación pública de su eficacia pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad inmediata de frenar la violencia y la obligación de mantener el orden democrático junto a los derechos básicos. En un país caracterizado por la debilidad de sus instituciones y una desconfianza marcada hacia las autoridades, la atención en la seguridad continúa siendo un elemento de discordia entre el Gobierno, los grupos sociales y la población.
El reto principal que tiene el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución sostenible que una el control del crimen con una política pública integral, legítima y con amplia participación. En tanto, la persistencia de la violencia y la percepción de inseguridad mantienen preocupada a una población que todavía espera respuestas efectivas y duraderas.
