La reciente manifestación de Luis Redondo, quien es el presidente del Congreso Nacional de Honduras, ha provocado un estado de alerta en la nación. Redondo mencionó que la Ley de Justicia Tributaria, promovida por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser sancionada en cualquier instante, incluso durante sesiones fuera del horario común, lo que ha generado preocupación en diferentes sectores. Esta opción ha sido vista como un intento de avanzar con la reforma sin el necesario debate ni consenso, aumentando la inquietud entre la oposición política, los gremios empresariales y las organizaciones de la sociedad civil.
La respuesta fue inmediata. Figuras del sector empresarial, legisladores de la oposición y miembros de la sociedad civil han expresado inquietud ante lo que ven como un intento de implementar una reforma fiscal de amplio alcance sin consulta ni apertura. La advertencia sobre la eventual aprobación de la ley en horarios extraordinarios ha sido percibida como una táctica para eludir la movilización de la población y la desaprobación de los medios, lo que ha intensificado la preocupación en el ámbito político y social de Honduras.
Inquietudes acerca del método legislativo
El comunicado sobre la posible aprobación relámpago de la Ley de Justicia Tributaria ha sido visto por grupos opositores y del sector productivo como un indicio de cerrazón y falta de diálogo democrático. Estos grupos han afirmado que el gobierno intenta esquivar la discusión pública y el acuerdo, lo cual consideran dañino para la democracia y la transparencia. La eventual aprobación de la ley sin un proceso apropiado ha sido considerada un peligro para la economía y los derechos de la población, provocando una convocatoria a la observación y movilización social.
Los adversarios en el Congreso y los voceros del sector privado han manifestado que una modificación de tal magnitud no debería ser autorizada sin un estudio exhaustivo y sin la intervención de todos los interesados. Opinan que la ausencia de discusión podría traer repercusiones perjudiciales para la nación, sobre todo si se utilizan procedimientos legislativos inusuales para eludir la supervisión pública.
Efectos económicos y sociales de la modificación
La Ley de Equidad Fiscal ha sido criticada por varios sectores, los cuales alertan sobre sus posibles consecuencias adversas. Una de las mayores inquietudes es la eliminación de beneficios fiscales considerados esenciales para fomentar la inversión, lo cual, según los detractores, podría impactar negativamente a compañías productivas y a la industria agroindustrial. También se argumenta que la reforma podría poner en peligro un gran número de empleos, aumentar el costo de vida y conllevar al cierre de empresas.
En este contexto, entidades corporativas y del sector civil han instado a los ciudadanos a permanecer vigilantes y activos, con el fin de evitar que la legislación se apruebe sin un procedimiento democrático adecuado. La inquietud principal es que una reforma de gran repercusión para el país no debería ser una “decisión inesperada”, sino que debe llevarse a cabo de forma clara y abierta, permitiendo que se escuchen todas las opiniones y se analicen detenidamente las posibles repercusiones para la economía y la sociedad de Honduras.
