En Honduras, el estado de excepción implementado desde diciembre de 2022 sigue siendo un tema polémico debido a su prolongación y a las inquietudes sobre posibles excesos de poder y violaciones a los derechos humanos. Esta medida fue proclamada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con la intención de combatir la delincuencia, especialmente la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La implementación del estado de excepción ha resultado en la suspensión de ciertas garantías constitucionales, lo que permite detenciones sin orden judicial y restricciones a la libertad de movimiento en varias áreas del país.
Desde su instauración, el estado de excepción ha sido prorrogado en múltiples ocasiones. En enero de 2025, la medida se extendió por 45 días más, abarcando 226 de los 298 municipios del territorio nacional. Aunque las autoridades argumentan que esta herramienta es esencial para enfrentar la criminalidad, diversos sectores han expresado su preocupación por posibles abusos y la falta de resultados concretos.
Discusiones sobre la eficacia y los derechos humanos en el régimen de excepción
Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han destacado que el estado de excepción podría amenazar los derechos humanos, instando al gobierno hondureño a asegurar el respeto al Estado de Derecho y a evitar limitaciones indebidas a las libertades esenciales. Las autoridades han informado una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante el periodo del estado de excepción. No obstante, reportes sugieren que las extorsiones y la violencia siguen afectando a la sociedad. Además, se han registrado acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, tales como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La extensión de esta acción ha provocado una discusión sobre su eficacia y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el Gobierno argumenta que el estado de emergencia es un recurso esencial para luchar contra la delincuencia, entidades nacionales e internacionales llaman a reevaluar su uso y asegurar que las estrategias de seguridad no pongan en riesgo las libertades esenciales de las personas.
Por lo tanto, la implementación del estado de excepción en Honduras simboliza una acción polémica que intenta combatir la violencia delictiva, pero que ha suscitado una discusión acerca de su eficiencia, legalidad y respeto por los derechos humanos. La extensión de esta condición excepcional presenta retos para asegurar las libertades esenciales y el fortalecimiento de un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.
