En Honduras, a escasos seis meses de los comicios generales, expertos en la materia han presentado una sugerencia específica para mejorar la claridad en el proceso electoral: implementar dispositivos de geolocalización GPS en todas las maletas que llevarán los materiales de votación. Esta iniciativa pretende asegurar el monitoreo en tiempo real de los kits desde que salen del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta que regresan para el conteo de votos.
La propuesta aparece en un contexto caracterizado por la falta de confianza de la población y las disputas políticas crecientes, en el cual diferentes sectores han manifestado su inquietud frente a un posible deterioro de las garantías institucionales y un ambiente poselectoral lleno de conflictos.
Propuesta técnica con antecedentes regionales
El enfoque que proponen expertos en tecnología electoral incluye la utilización de equipos GPS para seguir cada maleta a lo largo de todo el proceso de logística. Según el ingeniero en sistemas Marvin Mejía, la implementación posibilitaría saber con exactitud el recorrido de los materiales y identificar desviaciones o demoras que puedan poner en riesgo la cadena de custodia.
Se han implementado experiencias similares en procesos de elecciones en naciones como México, Colombia y República Dominicana. En estas situaciones, el empleo del GPS ha sido dirigido a evitar problemas como pérdidas, alteraciones del contenido o movimientos no autorizados.
Desde una perspectiva operativa, los especialistas aseguran que la tecnología es de bajo costo —con dispositivos valuados entre 15 y 30 dólares— y fácilmente adaptable a sistemas de monitoreo móviles, lo que permitiría acceso tanto a fiscales partidarios como a observadores nacionales e internacionales.
Exigencias desde la comunidad civil
La propuesta ha sido asumida como una exigencia por parte de organizaciones ciudadanas involucradas en la observación electoral. Transparencia Electoral, Red de Observadores y la Fundación para la Democracia han solicitado al Consejo Nacional Electoral que incorpore de manera inmediata esta tecnología en su planificación presupuestaria y la reglamente como un componente obligatorio del proceso.
Las agrupaciones aseguran que la acción ayudaría a restablecer la confianza en la gestión del proceso electoral, debido a repetidas acusaciones de anomalías en recientes eventos electorales. En este contexto, piensan que el rechazo a implementar este sistema podría ser visto como una falta de intención por parte de la institución para asegurar una elección justa.
“Si el CNE se niega, estará enviando el peor mensaje posible: que no quiere que el pueblo vea lo que ocurre entre la urna y el acta”, expresó un abogado especializado en derecho electoral vinculado a las campañas de monitoreo cívico.
Ambiente político y miedo a fraudes
La conversación tiene lugar en un contexto de aumento de la polarización política, con grupos opositores y actores sociales indicando preocupación por las condiciones en las que se llevará a cabo el próximo enfrentamiento. Entre los factores que incrementan ese temor están el estado de excepción en vigor, que limita algunos derechos esenciales, y la centralización del poder que, de acuerdo con diversas opiniones, estaría restringiendo los equilibrios democráticos.
Líderes de la oposición han manifestado que se están disminuyendo las oportunidades de control institucional, lo que «según su perspectiva» podría permitir manipulaciones logísticas o cambios fuera del control público. «Una competencia electoral no se gana en las urnas si las cajas son alteradas en la oscuridad», afirmó una fuente internacional con experiencia en monitoreo electoral, citada por medios locales.
Ante esta situación, los defensores argumentan que supervisar mediante GPS sería una opción económica que podría reducir los riesgos de desconfianza o conflictos después de las elecciones. La asesora electoral Karen Pineda destacó que «es un gasto mínimo en comparación con el costo de una crisis electoral posterior».
Un desafío de institucionalidad y confianza
La propuesta de incorporar GPS a las maletas electorales pone de relieve los desafíos que enfrenta Honduras en materia de confianza pública e integridad electoral. En un contexto donde las condiciones institucionales son objeto de cuestionamientos, el debate sobre este tipo de medidas adquiere una dimensión que trasciende lo técnico.
A medida que se aproxima el día de las votaciones, el sistema político de Honduras enfrenta una decisión importante: mejorar sus mecanismos de control y transparencia, o seguir funcionando en un ambiente de desconfianza y conflictos. La reacción del CNE ante esta propuesta será vista como una señal del compromiso del organismo con la legitimidad del proceso.
