A poco más de un año de las elecciones generales en Honduras, previstas para noviembre de 2025, distintos sectores políticos y sociales han expresado preocupación por lo que califican como señales anticipadas de una estrategia orientada a condicionar la legitimidad del proceso electoral. Las alertas provienen de analistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales, quienes observan una serie de acciones del partido gobernante, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían minar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Denuncias sobre declaraciones y acciones que influirían en el procedimiento electoral
Una de las inquietudes más destacadas es la constante mención en discursos oficiales sobre la posibilidad de fraude, sin aportar evidencias sólidas. Estas afirmaciones apuntan a sectores económicos, medios de prensa y actores del exterior como presuntos conspiradores contra el gobierno, lo que según ciertos expertos parece un intento de crear la idea de manipulación electoral en caso de perder en las elecciones.
La historia, de acuerdo con analistas, parece tener una doble meta: invalidar por adelantado cualquier resultado adverso y, al mismo tiempo, promover un clima de desconfianza generalizada hacia las entidades responsables del proceso electoral.
Conflictos institucionales y dudas sobre el juez electoral
Un tema especialmente delicado ha sido la actitud tomada por LIBRE respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido gobernante fue partícipe en la creación de este organismo, actualmente emite declaraciones criticando su autonomía y fiabilidad. Según opinan algunos críticos, la táctica busca socavar la legitimidad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Al mismo tiempo, se ha identificado un aumento en los procesos legales contra opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Estas medidas son vistas por grupos opositores como formas de presión que podrían restringir el diálogo público y la participación ciudadana en un entorno previo a las elecciones.
A esto se suma el uso prolongado del estado de excepción, vigente desde 2022 como parte de la política de seguridad del Gobierno. Si bien su aplicación ha sido justificada por motivos de combate al crimen organizado, su efecto colateral ha sido la restricción de derechos como la libre reunión y circulación, lo que impacta directamente en el desarrollo de actividades partidarias y en la expresión política de la ciudadanía.
Preocupación por la participación y la estabilidad democrática
El entramado de historias de fraude, la judicialización de oponentes y las restricciones institucionales han suscitado inquietud en varios sectores sobre la posibilidad de que el electorado de oposición se desmotive. De acuerdo con expertos, este contexto podría llevar a la abstención, a la apatía o incluso a situaciones de confrontación después de las elecciones si alguna de las partes cuestiona o no reconoce el resultado.
Estas dificultades surgen en un periodo donde diversas encuestas muestran una disminución en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una imagen negativa para la candidata del oficialismo Rixi Moncada. En este marco, se ha entendido que el enfoque del discurso del gobierno sobre un posible fraude responde a una estrategia política preventiva frente a un posible escenario electoral desfavorable.
Solicitudes para asegurar claridad y respeto al procedimiento
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han emitido pronunciamientos solicitando al Estado hondureño compromisos firmes con la transparencia electoral. Entre ellos, destacan el respeto al calendario comicial sin modificaciones, la no interferencia política en los órganos electorales y judiciales, y la aceptación pública de los resultados, sea cual sea el desenlace.
Organismos tales como la OEA, la ONU, la Unión Europea y diversas redes de vigilancia ciudadana han expresado su voluntad de apoyar el proceso, a la vez que piden que se permita una observación internacional extensa, anticipada y neutral. La expectativa de estas entidades es que Honduras asegure un proceso en el que se respete el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes libremente, sin presiones ni restricciones institucionales.
Un escenario caracterizado por la incertidumbre y la demanda democrática
El escenario electoral hondureño de cara a 2025 se perfila como un punto de inflexión para la estabilidad institucional del país. Las advertencias formuladas por diversos sectores reflejan una preocupación extendida por la posibilidad de que el proceso sea condicionado por intereses políticos.
Dado el estado vulnerable del sistema democrático y el antecedente de crisis tras las elecciones en el país, el objetivo principal es garantizar un proceso claro, con salvaguardias para todos los participantes, que resulte en un desenlace aprobado por la población. La aceptación del nuevo gobierno no se basará únicamente en el sufragio, sino también en el cumplimiento absoluto de las normas democráticas.
