A poco más de doce meses de las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, varios sectores políticos y sociales han manifestado inquietud por lo que describen como indicios tempranos de una estrategia dirigida a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las advertencias se originan de analistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales, quienes están observando una serie de movimientos del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían socavar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Acusaciones sobre discursos y medidas que afectarían el proceso electoral
Una de las inquietudes más destacadas es la constante mención en discursos oficiales sobre la posibilidad de fraude, sin aportar evidencias sólidas. Estas afirmaciones apuntan a sectores económicos, medios de prensa y actores del exterior como presuntos conspiradores contra el gobierno, lo que según ciertos expertos parece un intento de crear la idea de manipulación electoral en caso de perder en las elecciones.
La narrativa, según observadores, parece buscar un doble objetivo: deslegitimar con antelación cualquier resultado desfavorable y al mismo tiempo fomentar un ambiente de desconfianza generalizada en las instituciones encargadas del proceso electoral.
Conflictos en instituciones y dudas sobre el ente electoral
Un punto de alta sensibilidad ha sido la postura asumida por LIBRE frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). A pesar de que el partido oficialista participó activamente en la conformación de dicho órgano, ahora lanza críticas dirigidas a cuestionar su independencia y credibilidad. La estrategia, según voces críticas, apunta a erosionar la legitimidad del CNE en momentos clave del calendario electoral.
Paralelamente, se ha señalado un incremento de procesos judiciales contra figuras de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Estas acciones son interpretadas por sectores opositores como mecanismos de presión que podrían limitar el debate público y la movilización ciudadana en un contexto preelectoral.
Además, se ha prolongado el estado de excepción, activo desde 2022 como una medida de seguridad del Gobierno. Aunque su implementación ha sido defendida por razones de lucha contra el crimen organizado, una consecuencia adicional ha sido la limitación de derechos como la libre reunión y circulación, afectando de manera directa el desarrollo de actividades partidarias y la expresión política de la población.
Inquietud por el compromiso y la estabilidad de la democracia
La mezcla de relatos sobre fraude, procesos judiciales contra opositores y limitaciones institucionales ha despertado inquietud en distintos grupos acerca de la posible desmovilización del electorado contrario. De acuerdo con especialistas, esta situación podría llevar a la abstención, desinterés o incluso a escenarios de conflicto después de las elecciones si uno de los lados cuestiona o no acepta el resultado.
Estas situaciones surgen mientras ciertas encuestas muestran una reducción en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una perspectiva negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. En este marco, se ha entendido que el enfoque del discurso del gobierno sobre un potencial fraude responde a una estrategia política preventiva frente a un escenario electoral desfavorable.
Solicitudes para asegurar claridad y respeto al procedimiento
Varias entidades de ámbito nacional e internacional han expresado su deseo de que el Estado hondureño asuma compromisos sólidos para garantizar la claridad en los procesos electorales. Entre estos compromisos resaltan mantener el cronograma electoral sin alteraciones, evitar cualquier tipo de injerencia política en las instituciones electorales y judiciales, y aceptar públicamente los resultados, independientemente de cómo se desarrollen.
Instancias como la OEA, la ONU, la Unión Europea y redes de observación ciudadana han manifestado su disposición a acompañar el proceso, al tiempo que solicitan que se facilite una observación internacional amplia, anticipada y neutral. La expectativa de estos actores es que Honduras garantice un proceso en el que se respete el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes, sin presiones ni condicionamientos institucionales.
Un escenario caracterizado por la inseguridad y la demanda democrática
El escenario electoral hondureño de cara a 2025 se perfila como un punto de inflexión para la estabilidad institucional del país. Las advertencias formuladas por diversos sectores reflejan una preocupación extendida por la posibilidad de que el proceso sea condicionado por intereses políticos.
Ante la fragilidad del sistema democrático y el historial de crisis poselectorales en el país, el desafío central radica en asegurar un proceso transparente, con garantías para todos los actores, y que derive en un resultado aceptado por la ciudadanía. La legitimidad del próximo gobierno dependerá no solo del voto, sino del respeto irrestricto a las reglas del juego democrático.
