La integración del libro “El Golpe 28-J”, autoría del exmandatario hondureño Manuel Zelaya Rosales, dentro del sistema educativo estatal ha desencadenado un acalorado debate en Honduras acerca de la influencia política en el ámbito educativo. Esta obra, que relata la perspectiva de Zelaya sobre el golpe de Estado acaecido el 28 de junio de 2009, fue añadida a la Cátedra Morazánica, una materia de formación cívica, con el propósito oficial de conservar la memoria histórica y evitar la repetición de eventos similares. No obstante, la impresión y distribución masiva de 100.000 ejemplares por parte de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha suscitado inquietud entre distintos sectores sociales y educativos sobre una posible politización del contenido escolar.
La controversia se incrementa al trazarse una comparación con la trayectoria de Venezuela, donde el Libro Azul de Hugo Chávez sirvió como herramienta ideológica en los centros educativos durante la instauración del proyecto bolivariano. En Honduras, ciertos críticos perciben en “El Golpe 28-J” un esfuerzo parecido de indoctrinación política, mientras que las autoridades aseguran que la publicación es parte de un programa de educación en historia, destinado a fomentar un aprendizaje crítico y apoyado en hechos comprobables.
Temas y debates acerca de El Golpe 28-J
El material titulado Golpe 28-J se presenta como un documento histórico que trata sobre el golpe de Estado de 2009, un acontecimiento que la comunidad internacional ha identificado como una fractura del orden constitucional, condenado por entidades multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. La obra resalta a Zelaya como víctima y mártir, mientras que sus adversarios son descritos como representantes de intereses foráneos. Esta narrativa ha recibido críticas de sectores que opinan que el libro posee una significativa carga ideológica y que su incorporación en el currículo podría afectar la libertad de cátedra y comprometer la neutralidad educativa.
A pesar de que al principio se informó que la lectura del libro sería necesaria en todos los niveles básicos y secundarios, más tarde la Secretaría de Educación especificó que no es un deber obligatorio y se respetará el derecho de los docentes a enseñar con libertad. Esta aclaración intenta abordar las críticas de profesores y padres que demandan una educación exenta de propaganda política, enfocada en valores democráticos y en fomentar el pensamiento crítico. No obstante, la directiva oficial publicada en el diario La Gaceta y la producción en gran escala del libro mantienen el debate sobre el verdadero alcance de esta medida.
Reacciones sociales y posibles implicaciones políticas
Padres, profesores autónomos y miembros de colegios privados han expresado su desaprobación hacia la obligatoriedad de «El Golpe 28-J», sosteniendo que la enseñanza debe ser imparcial y que imponer un texto con perspectiva partidista podría violar la constitución. Se ha destacado que esta acción podría restringir la libertad de enseñanza y obligar a los educadores a impartir una visión parcial de los acontecimientos recientes.
Expertos en política proponen que la inclusión de este texto en el ámbito educativo podría ser parte de un plan para crear un entorno cultural y social propicio para transformaciones políticas de gran envergadura, como la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, semejante a lo que sucedió en Venezuela en 1999 después de la difusión del Libro Azul. Esta lectura se fundamenta en la noción de que dominar el relato histórico y moldear las ideas de las futuras generaciones son movimientos iniciales para afianzar proyectos políticos sostenibles en el tiempo.
El estado, por su lado, promueve la incorporación de “El Golpe 28-J” como un acto de responsabilidad hacia la historia y un compromiso con la realidad, subrayando la importancia de que la juventud esté al tanto de los eventos del golpe y sus resultados. Desde este punto de vista, enseñar sobre el pasado no debe tomarse como desquite, sino como una forma de prevenir la recurrencia de situaciones semejantes.
De esta manera, la integración de “El Golpe 28-J” al programa educativo en Honduras revela una marcada división social y política respecto al rol que juega la educación en la formación de ciudadanos y en la transmisión de la memoria histórica. La discordia entre la autonomía docente y la difusión de una narrativa oficial pone en evidencia los retos que enfrenta Honduras en su camino hacia la reconciliación y el desarrollo de su democracia.
