En Honduras, diversas congresistas pertenecientes a diferentes partidos han declarado públicamente una serie de agresiones, maltrato verbal y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones reflejan un entorno hostil donde las representantes enfrentan intimidaciones y subestimación debido a su género, sobre todo cuando manifiestan opiniones críticas o intervienen en discusiones legislativas. Estas situaciones han promovido un debate sobre el respeto y la equidad en los espacios de poder, resaltando la persistencia de conductas misóginas y lenguaje agresivo en el parlamento.
Las acusaciones igualmente indican que este comportamiento ha aumentado en el contexto de debates controversiales, como aquellos vinculados a la Ley de Justicia Tributaria y los cambios en el Poder Judicial. Aunque la severidad de estos hechos es evidente, las autoridades del Congreso no habrían implementado sanciones disciplinarias para los responsables, lo que fomenta la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las diputadas han demandado acciones efectivas para asegurar su seguridad y el respeto a su función legislativa.
Ambiente institucional en el Congreso Nacional y violencia política de género
Las legisladoras han reportado que en el Congreso Nacional se presentan comportamientos que abarcan desde insultos verbales hasta intentos de agresiones físicas, lo cual evidencia un patrón de violencia política basada en género. Este problema impacta negativamente en la participación completa y eficaz de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La violencia política contra las mujeres se hace evidente en periodos de intenso debate, cuando las diputadas adoptan posturas contrarias al gobierno. Esta problemática no solo atenta contra los derechos de las mujeres en el parlamento, sino que también amenaza la calidad de la democracia, al restringir la variedad de perspectivas y opiniones en la toma de decisiones. La falta de mecanismos específicos en el Congreso para abordar estos casos favorece la continuidad de esta situación.
Apoyo social e institucional y exigencias de las legisladoras
Varios sectores de la sociedad civil, junto con entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han mostrado su respaldo a las diputadas afectadas y han instado al Estado hondureño a asegurar condiciones de igualdad y seguridad para todas las legisladoras. Estas organizaciones han destacado la importancia de aplicar sanciones disciplinarias inmediatas contra quienes perpetren actos de violencia política, así como de establecer protocolos específicos para prevenir y atender estas situaciones en el contexto legislativo.
Las legisladoras han declarado que seguirán luchando para ser oídas y respetadas, subrayando que su papel es defender a la población y no ser víctimas de hostigamiento o abuso. Entre sus exigencias está la creación de mecanismos claros para salvaguardar su integridad, el respeto total a su trabajo legislativo y la eliminación de toda clase de violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas medidas se consideran esenciales para reforzar la democracia y asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la política de Honduras.
