A medida que se aproximan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta denuncias de parte de la oposición acerca de la posible organización de un fraude electoral para conservar el poder. Los grupos opositores, tales como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, han manifestado su inquietud respecto a la transparencia del proceso electoral.
Los dirigentes de estos entornos destacan un aumento en el descontento popular hacia LIBRE, el deterioro de su reputación y la impopularidad de su aspirante, Rixi Moncada. Asimismo, han reportado tácticas que indican un posible fraude, como el dominio parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación de votos en las primarias de marzo, la filtración controlada de las Fuerzas Armadas y las presiones a la prensa crítica. También se señala el empleo de extensas campañas de propaganda gubernamental y el uso de subsidios y fondos públicos para atraer votantes en áreas desfavorecidas.
Denuncias de estafa y preocupaciones de los opositores
Planteamientos de la oposición abarcan alegaciones sobre alteración de resultados de votaciones, uso del poder judicial o presión contra candidatos competidores y miembros del CNE, presencia militar en el proceso electoral y limitación de la libertad de prensa junto con censura digital generalizada antes de la jornada electoral. Además, existe preocupación respecto a una posible declaración prematura de un estado de emergencia ante eventuales manifestaciones ciudadanas, así como el riesgo de que el gobierno busque invalidar los resultados de las elecciones, anular mesas críticas o detener el proceso electoral con excusas de orden público o seguridad nacional.
Reclamaciones sobre garantías y monitoreo global
Frente a esta situación, los partidos opositores han demandado la intervención temprana y proactiva de observadores de la OEA, la UE y otras entidades multilaterales, una revisión externa del sistema de cómputo electoral, así como compromisos públicos del CNE para asegurar la transparencia, igualdad de condiciones y responsabilidad. Asimismo, han instado a la ciudadanía a movilizarse de manera pacífica para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde la base.
El informe de un posible engaño ha incrementado la tensión política y amenazado la estabilidad democrática del país. La población mira con desconfianza un proceso en el que el órgano electoral es considerado parcial, y donde el gobierno se muestra más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad del pueblo. Hay inquietud de que Honduras enfrente una crisis después de las elecciones, con repercusiones para la gobernabilidad, la economía y la armonía social.
