El cierre de Koriun Inversiones ha generado una variedad de respuestas en los sectores social y político en Honduras. El hallazgo de un esquema Ponzi y las acusaciones de protección institucional han cuestionado la efectividad de las autoridades para evitar y penalizar grandes estafas financieras.
El proceso de aseguramiento de fondos, las protestas de los afectados y la investigación en curso reflejan la complejidad del caso y la necesidad de respuestas efectivas para restaurar la confianza en el sistema financiero y en las instituciones del país.
Impacto para los inversores y seguridad de capital
Miles de individuos que confiaron sus recursos a Koriun Inversiones ahora enfrentan la duda acerca de la recuperación de su dinero. Después de la intervención del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se descubrieron grandes cantidades de dinero en efectivo en oficinas y domicilios vinculados a la empresa, así como cuentas bancarias con fondos bloqueados. No obstante, la restitución del capital a los inversionistas ha sido dificultada por la falta de respaldo jurídico y la carencia de contratos formales, lo cual ha causado confusión y preocupación entre los afectados.
Las manifestaciones de los inversionistas de Koriun, que implicaron obstrucciones en las calles y medidas para evitar que las autoridades retiraran fondos, destacaron la magnitud del impacto social del engaño. La CNBS junto con el Ministerio Público han subrayado la importancia de que la empresa reintegre los fondos obtenidos de forma ilegal, aunque el procedimiento se presenta extenso y complicado. La ausencia de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) para estas inversiones empeora la situación de los perjudicados.
Implicaciones políticas y demandas de investigación
El diputado Edgardo Castro y otros actores políticos han resaltado las posibles complicidades de funcionarios del gobierno, fiscales y autoridades locales con respecto a la operación de Koriun Inversiones. Se ha indicado que en ciertos casos los alcaldes promocionaron la empresa y los fiscales no tomaron medidas ante las primeras advertencias de irregularidades. Estas afirmaciones han impulsado la petición de una investigación exhaustiva para identificar responsabilidades y castigar a quienes hayan facilitado o encubierto el engaño.
El asunto ha generado una discusión sobre la importancia de mejorar los métodos de control financiero y asegurar la claridad en las acciones de las entidades responsables de velar por los ciudadanos. La formación de una comisión especial en el Congreso Nacional para vigilar la recuperación de bienes y la defensa de las víctimas es una de las acciones sugeridas para enfrentar los efectos del engaño y prevenir que eventos parecidos ocurran de nuevo.
