La credibilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras como garantes del proceso electoral ha sido objeto de un intenso debate público tras las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo de 2025. Diversos sectores sociales y partidos de oposición han manifestado su preocupación por una serie de irregularidades logísticas, particularmente en la distribución del material electoral en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se reportaron demoras de hasta doce horas en la entrega de las maletas electorales. Esta situación generó largas filas de votantes, protestas ciudadanas y un ambiente generalizado de frustración, evidenciado tanto en los centros de votación como en las redes sociales, donde circularon imágenes y testimonios sobre la falta de material y la escasa presencia de personal en las mesas receptoras.
El órgano electoral nacional admitió públicamente los problemas en la entrega, achacándolos a modificaciones de última hora en los medios de transporte, cambiando de camiones a autobuses, lo que impactó la coordinación y el respeto al cronograma. Aunque el organismo electoral intentó manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar continuó, en particular en la capital, donde ampliar el horario de votación no logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que deseaban ejercer su derecho al voto.
Dudas sobre la función de las fuerzas armadas en las elecciones
En esta situación, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones, garantizando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Gobierno, por otro lado, mostró un apoyo absoluto a la institución militar, subrayando su rol en la seguridad y la organización electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, indicó que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció episodios de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas incrementó la inquietud sobre la imparcialidad y eficacia del proceso electoral planeado para noviembre de 2025.
La legislación hondureña, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la protección, transporte y supervisión de los materiales electorales, en cooperación con el CNE. No obstante, existen restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, tales como no interferir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, evitar influir en el voto, abstenerse de participar en actividades políticas partidarias, o no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. Pese a estas limitaciones, el esquema institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, una situación inusual a nivel mundial y que, según algunos estudios, evidencia la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de cambio y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas
Frente a los acontecimientos recientes, se han intensificado las iniciativas para reformar la constitución con el fin de reducir o eliminar el papel de las Fuerzas Armadas en los comicios. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha propuesto transferir las funciones electorales a organismos civiles, sosteniendo que los procesos deben ser gestionados solo por estas entidades. Asimismo, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución. Esta propuesta busca limitar la intervención militar en asuntos electorales y fortalecer la estructura civil. No obstante, esta medida ha suscitado opiniones divididas, incluso en su propio partido y entre grupos opositores, que ven la propuesta como un posible intento del oficialismo de acumular poder.
El debate sobre la participación militar en los procesos electorales ha sido alimentado por la percepción de que la autonomía del CNE podría estar en riesgo y por el historial de intervenciones militares en la vida política hondureña. Organizaciones como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han sugerido que la reforma del artículo 272 debe ir acompañada de una redefinición más amplia de las funciones de las Fuerzas Armadas, delimitando sus competencias y fortaleciendo el control civil sobre la institución militar. Entre las propuestas se incluye también el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con el objetivo de avanzar hacia un control democrático efectivo y reducir la influencia militar en la política.
El debate acerca del papel de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un asunto primordial en la agenda política, con demandas de reformas que aseguren la independencia y transparencia del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral es vista como crucial para la estabilidad democrática del país y la discusión actual destaca la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y asegurar elecciones libres y transparentes.
