La implementación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que es uno de los compromisos destacados de la presidenta Xiomara Castro durante su campaña, se ha pospuesto otra vez debido a la reciente renovación, por quinta ocasión, del memorando de entendimiento con Naciones Unidas. El comunicado, efectuado esta semana, coincide con la ausencia de progresos en el Congreso Nacional para dar luz verde a las reformas constitucionales necesarias para que el mecanismo anticorrupción logre operar.
El estancamiento ha reavivado críticas desde diversos sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional, que interpretan la dilación como una señal de debilitamiento del compromiso gubernamental con la lucha contra la impunidad. La falta de consensos legislativos, en particular en torno a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, impide la instalación efectiva de la CICIH, pese a la entrega de un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas de instituciones y sociedad
El Poder Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su voluntad de crear la comisión, destacando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, las condiciones esenciales para su puesta en marcha requieren de cambios en las leyes y la constitución, que deben ser ratificados por el Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la extensión reciente, sectores claves han manifestado su desacuerdo con la gestión del proceso. Una legisladora del Partido Nacional describió la renovación como “un golpe al pueblo que creía en la promesa de equidad”, mostrando el descontento en la oposición política. Mientras tanto, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que impide el progreso del proyecto.
Desafíos políticos y fatiga del público
El procedimiento para establecer la CICIH se encuentra con varios desafíos en el ámbito político. Sobresalen las reformas fundamentales que requerirían eliminar protecciones legales vistas por varios actores sociales como una barrera para luchar efectivamente contra la corrupción. Diversos actores han indicado la poca disposición política en el Congreso como una de las razones principales del estancamiento.
A más de dos años del inicio de la actual gestión de Castro, las organizaciones de sociedad civil y redes ciudadanas denuncian un distanciamiento entre las promesas iniciales y las acciones efectivas. Desde estos sectores se señala que la postergación reiterada de decisiones clave ha erosionado la confianza en la administración y en el sistema institucional en su conjunto.
Invitaciones a actuar y presión global
El actualizado acuerdo de entendimiento carece de una fecha precisa para que se establezca la CICIH, lo cual, según expertos internacionales, podría perjudicar la reputación del país en temas de colaboración internacional. La sensación de parálisis ha originado dudas entre los observadores externos, lo que podría tener consecuencias negativas para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para consolidar su institucionalidad democrática.
Frente a esta situación, diferentes opiniones han señalado la urgencia de agilizar el proceso mediante la rápida aprobación de las reformas requeridas, lo cual facilitaría la firma de un acuerdo final con la ONU. Estas medidas, afirman, no solo activarían un mecanismo para enfrentar la corrupción, sino también demostrarían un firme compromiso con la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
Panorama institucional incierto
La prolongación del proceso para instalar la CICIH evidencia las dificultades estructurales que enfrenta Honduras en la construcción de un sistema independiente y eficaz. La persistencia de obstáculos legales, sumada a la falta de consensos políticos, mantiene en suspenso una de las principales iniciativas para enfrentar la impunidad en el país.
El caso destaca las tensiones entre los acuerdos internacionales que ha tomado el Ejecutivo y las dinámicas internas del Legislativo, así como el reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales tangibles. Entre tanto, el país sigue sin contar con un mecanismo internacional de apoyo para investigar casos de alto impacto, lo que levanta preguntas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción a corto y mediano plazo.
