El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado una intensa discusión entre el sector privado, organizaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La iniciativa de reforma fiscal, promovida por el actual gobierno, ha sido vista por líderes empresariales como una amenaza directa a la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de beneficios fiscales que han sido cruciales para el desarrollo de sectores como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo que, según los empresarios, podría llevar a una serie de cierres y despidos masivos, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
La reforma anticipada no se circunscribe únicamente al sector empresarial, sino que también se extiende a la economía de los hogares y al tejido social en Honduras. Expertos y dirigentes sectoriales alertan que la disminución de la actividad económica y la posible partida de compañías podrían llevar a un incremento del desempleo estructural, un auge de la economía sumergida, un éxodo forzado y un desplome del consumo interno. Esta coyuntura se intensifica debido a la situación actual del país, donde más de un millón de personas están en busca de empleo decente y la informalidad laboral afecta a una proporción considerable de la población.
Impactos de quitar beneficios fiscales y el peligro para el trabajo
La normativa de Equidad Fiscal incluye la eliminación de esquemas de exenciones y reducciones impositivas, impactando a más de diez industrias, tales como áreas libres, turismo, energías limpias y producción manufacturera. Según información del ámbito empresarial, en la actualidad, más de 400,000 puestos laborales directos y más de un millón de empleos indirectos dependen de estos esquemas, especialmente en la cadena de suministros y exportaciones de productos agrícolas e industriales. La eliminación de estos beneficios podría causar la clausura de fábricas, talleres, tiendas y fincas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando a miles de hondureños sin trabajo formal y aumentando la presión sobre el sector informal.
El estudio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma fiscal tendría efectos adversos en áreas como el turismo, la industria manufacturera y la agroindustria. Por ejemplo, en el sector manufacturero se calcula que estarían en peligro 40.000 puestos de trabajo y más de 733 millones de dólares en exportaciones, mientras que en turismo, el impacto podría significar la pérdida de miles de empleos tanto directos como indirectos y una reducción considerable en la inversión y los salarios. Además, el incremento de los costos operativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría insostenible su continuidad en el mercado, lo que empeoraría la situación de desempleo y subempleo en el país.
Implicaciones sociales y opciones distintas del ámbito privado
El impacto social de la reforma se proyecta como irreversible, con el riesgo de aumentar la pobreza, la migración forzada y la desconfianza tanto nacional como internacional. El desbordamiento del sector informal y la pérdida de empleos formales con seguridad social podrían deteriorar la calidad de vida y la recaudación fiscal, afectando a toda la población hondureña. La preocupación de los empresarios se extiende al efecto dominó sobre la estabilidad social, advirtiendo que la destrucción de fuentes de trabajo podría empobrecer aún más al país.
Frente a esta situación, la iniciativa privada ha planteado opciones, como bajar el Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con la intención de dejar más ingresos en los bolsillos de los ciudadanos hondureños, incentivar la economía y crear empleo. También proponen que, en vez de eliminar los incentivos para todos los sectores, se lleven a cabo auditorías y controles a las empresas libres de impuestos que presenten irregularidades, utilizando las facultades que ya permite la normativa actual. El sector empresarial hace énfasis en la importancia del diálogo y de la consulta con todos los actores productivos antes de implementar una reforma que podría tener impactos irreversibles en el progreso económico y social del país.
El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria continúa siendo intenso, con llamados urgentes al Congreso Nacional para revisar a fondo el contenido de la ley y evitar decisiones que puedan profundizar los problemas estructurales de Honduras, como el desempleo, la pobreza y la migración.
