Honduras se acerca a las elecciones generales en medio de un ambiente de creciente inquietud. Acusaciones de irregularidades, esfuerzos de control institucional y atentados contra la libertad de prensa empañan la transparencia del proceso electoral, generando dudas sobre la habilidad del país para realizar elecciones justas y claras.
El aviso a raíz de la serie de sucesos que han creado preocupación y desconfianza en varios sectores de la población se enfoca en la posible manipulación de entidades fundamentales, como la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la intención de impactar el resultado electoral y beneficiar a ciertos intereses políticos.
Intento de someter al CNE a procesos judiciales y peligros para la independencia electoral
Las alarmas han saltado ante la posibilidad de que la Fiscalía esté planeando cargos contra consejeras del CNE, con la intención de desestabilizar al organismo electoral y asegurar el dominio del proceso por parte del oficialismo. Fuentes políticas han advertido sobre actividades inusuales dentro del sistema judicial que señalan una acusación inminente por presuntos delitos administrativos o abuso de autoridad contra consejeras vistas como independientes o críticas del control político que ejerce el partido LIBRE sobre el CNE.
Líderes opositores y analistas han caracterizado este supuesto plan judicial como una táctica política para socavar la estructura del CNE y desplazar a aquellos que no comparten la visión del partido gobernante. Existe el temor de que una acusación oficial fuerce a las consejeras a dejar sus puestos, facilitando el nombramiento de reemplazos favorables al gobierno.
Organismos de derechos humanos y redes ciudadanas han alertado sobre un posible «golpe institucional encubierto» que busca reconfigurar el árbitro electoral a favor del partido de gobierno en plena recta final hacia las elecciones. Ante esta situación, diversos sectores han solicitado la intervención de la comunidad internacional para monitorear las acciones del Ministerio Público y garantizar la independencia del ente electoral.
Ataques a los medios y limitaciones a la libre circulación de información
Dentro de este ambiente de intensificación de la polarización política, los medios de comunicación en Honduras atraviesan uno de sus periodos más complicados desde la reinstauración de la democracia. Esto se debe a las crecientes quejas sobre hostigamiento, intimidación, censura y ataques hacia medios informativos y periodistas autónomos, perpetrados tanto por autoridades gubernamentales como por miembros de las Fuerzas Armadas.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) han emitido alertas urgentes, advirtiendo que en Honduras se está consolidando un patrón de represión informativa orquestado desde el poder para acallar voces críticas, desinformar al pueblo y garantizar el control total del discurso público rumbo a las elecciones.
En meses recientes, ha habido reportes de ataques físicos a reporteros mientras cubrían manifestaciones, acoso digital organizado dirigido a comunicadores críticos, limitaciones en el acceso a datos públicos y amenazas sin identificar hacia periodistas que investigan casos de corrupción.
Durante la cobertura de protestas, se ha documentado la presencia de militares intimidando a equipos de prensa, exigiendo identificaciones, obstaculizando transmisiones y confiscando equipo periodístico. Además de la represión física y digital, se ha lanzado una campaña de estigmatización desde el gobierno contra medios independientes y periodistas reconocidos, tildándolos de «enemigos del pueblo» o «desestabilizadores».
Peligros para la integridad del proceso de elecciones
La conjunción de estos elementos -el intento de llevar al CNE a los tribunales, las críticas al rol de las Fuerzas Armadas y las agresiones a la prensa- crea un ambiente de inseguridad acerca de la solidez del proceso electoral en Honduras. La potencial utilización de instituciones importantes y la limitación del acceso a la información constituyen graves riesgos para la claridad y la justicia de las elecciones.
Frente a esta situación, distintos sectores de la comunidad han solicitado a la comunidad mundial que observe atentamente los eventos y demande garantías de claridad y respeto a los derechos esenciales para asegurar que el pueblo de Honduras pueda seleccionar a sus líderes en un entorno de libertad y democrática.
