La indignación de los más de 35.000 hondureños afectados por la estafa piramidal de Koriun Inversiones continúa creciendo, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) enfrenta críticas por su inacción ante el fraude. Los afectados denuncian el abandono por parte del organismo encargado de la supervisión financiera y acusan una falta de respuesta tanto en el ámbito judicial como administrativo.
La inacción de la CNBS frente al engaño
Desde que se reportaron las primeras señales de irregularidades en Koriun, la CNBS estaba informada de la situación, sin embargo, no implementó acciones efectivas para evitar la magnitud del fraude. Aunque recibieron avisos formales, la entidad supervisora dejó que la estafa se expandiera sin control durante meses. Actualmente, los responsables de la estafa siguen libres, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
«Se nos aseguró una investigación, se prometieron medidas, pero la CNBS ha sido cómplice al no actuar. Hoy en día continuamos sin soluciones, sin dinero, sin justicia», manifestó uno de los damnificados frente a la prensa. Este sentimiento de abandono es compartido por numerosas personas, quienes se sienten defraudadas tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según afirman, debieron haber intervenido antes.»
La ausencia de claridad y las dudas sobre impunidad
Uno de los reclamos más destacados de las personas afectadas es la ausencia de transparencia de la CNBS. A pesar de las quejas presentadas y de las investigaciones que están en marcha, la entidad no ha proporcionado un informe público que describa en detalle las irregularidades cometidas ni los errores en su supervisión que permitieron que Koriun operara durante tanto tiempo. Esta falta de claridad ha generado la sospecha de que podría haber algún tipo de protección política hacia algunos de los operadores financieros involucrados en el fraude.
Diferentes sectores del país han indicado que la CNBS no solo no logró detectar el fraude a tiempo, sino que también ha mostrado negligencia al no ofrecer detalles relevantes sobre cómo se ha gestionado la situación. Según un abogado que representa a los perjudicados, esta inacción por parte del ente regulador solo empeora el escenario: «Es inaceptable que un organismo de supervisión no haya identificado un fraude de tal magnitud oportunamente. No solo fallaron en evitarlo, ahora también fracasan en asumir la responsabilidad».
Solicitudes de intervención internacional
En respuesta a la falta de acción institucional y el aumento de la insatisfacción entre las personas perjudicadas, diferentes grupos de víctimas han optado por llevar sus demandas fuera de los límites del país. Asociaciones civiles y los directamente afectados están pidiendo oficialmente el respaldo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. El propósito de estas peticiones es que dichas organizaciones supervisen la gestión de la crisis y, en especial, la reacción de las instituciones hondureñas con respecto al escándalo de Koriun.
Uno de los representantes de los afectados expresó: «El Estado está obligado a proteger a los ciudadanos, no a encubrir estafadores. Esto es un doble crimen: el que cometió Koriun y el que permite la CNBS al no hacer nada». Este sentimiento refleja el escepticismo sobre la capacidad de las autoridades nacionales para enfrentar el fraude y garantizar que se haga justicia.
El conflicto institucional y el reto de la gestión gubernamental
El problema revela nuevamente las debilidades del sistema de control financiero en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la equidad y claridad. La ausencia de una reacción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la habilidad del Estado para gestionar crisis similares, lo cual podría tener consecuencias más amplias en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la administración del país.
Las personas perjudicadas continúan aguardando una solución que les deje recuperar lo que han perdido y asegure que los culpables del engaño sean llevados ante la justicia. La ausencia de medidas efectivas y el secretismo en torno al caso resaltan un reto constante para las autoridades en Honduras: cómo restablecer la confianza de la población frente al aumento de la duda en la gestión de crisis similares.
