El reciente escándalo relacionado con la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha perjudicado a más de 35.000 ciudadanos en Honduras, se ha convertido en un tema central del debate político debido a los cuestionamientos surgidos hacia personas cercanas al entorno del poder presidencial. Las críticas han sido dirigidas principalmente al denominado “familión Zelaya”, expresión utilizada por sectores opositores y grupos ciudadanos para referirse a los funcionarios que tienen lazos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
A pesar de que el Ministerio Público ha tomado medidas legales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha actuado con acciones como el bloqueo de cuentas y algunas detenciones, continúa existiendo una gran incertidumbre sobre la claridad y el alcance verdadero de las indagaciones. La carencia de información oficial específica sobre cómo se permitió la operación del esquema fraudulento durante tanto tiempo ha generado un nuevo conjunto de cuestionamientos hacia las instituciones responsables de la supervisión financiera y la administración de justicia.
Señalamientos a funcionarios con vínculos políticos
Dentro de los nombres mencionados en la discusión pública están Héctor Zelaya, el secretario privado de la Presidencia e hijo del antiguo presidente Zelaya, así como el fiscal general Johel Zelaya. Ambos han desempeñado roles estratégicos desde el comienzo del presente gobierno y, según diversas opiniones críticas, podrían contar con la capacidad de influir en los procesos institucionales vinculados con el caso Koriun.
Estas acusaciones se producen en un contexto marcado por la polarización y la creciente desconfianza hacia los organismos del Estado. Aunque no existen pruebas públicas que vinculen directamente a los mencionados funcionarios con la estafa, los cuestionamientos apuntan a la posible falta de imparcialidad en las actuaciones y a un manejo discrecional de las responsabilidades que les corresponden por ley.
Incertidumbres respecto al desempeño institucional
La CNBS ha sido una de las instituciones más señaladas por su respuesta tardía frente a la operación fraudulenta, que logró movilizar al menos 428 millones de lempiras antes de ser desmantelada. La comisión respaldó el anuncio gubernamental de resarcir a los afectados, aunque sin presentar un informe técnico o legal que explique las condiciones de este proceso ni las causas de la falla en los controles preventivos.
Por otro lado, la Fiscalía, liderada por Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, el progreso de la indagación aún carece de una comunicación clara y abierta que elimine las incertidumbres sobre la posible participación de empleados del estado en la omisión o encubrimiento de anomalías.
Demandas de claridad y supervisión autónoma
Diversos colectivos de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han instado a conformar un comité independiente, ya sea nacional o con respaldo internacional, que investigue de manera autónoma los hechos y posibles conexiones entre los autores del fraude y servidores públicos. Las exigencias abarcan la difusión de un informe exhaustivo que aclare los métodos operativos del engaño, la identificación de fallos en los controles financieros y la rendición de cuentas de toda persona involucrada, sin exclusiones por lazos familiares o proximidad política.
En varios foros ciudadanos se ha señalado que el tratamiento del caso Koriun podría transformarse en un momento crucial para la confianza institucional del país. «Cuando el gobierno antepone los intereses políticos a la equidad, el daño a la confianza institucional es irreparable», se mencionó en un encuentro reciente sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una crisis que trasciende el ámbito financiero
Han pasado dos meses desde que surgió el caso, y las repercusiones ya no se circunscriben solo a lo económico. La idea de que algunas personalidades influyentes podrían estar siendo salvaguardadas de responsabilidades legales potenciales ha incrementado el escepticismo entre la población y ha revitalizado las discusiones acerca del empleo político de las instituciones.
El desarrollo de este proceso, la respuesta del gobierno y la conducta de los organismos autónomos marcarán no solo el destino judicial del caso, sino también el nivel de confianza que los hondureños depositen en sus autoridades en un contexto de fragilidad institucional y alta polarización. La exigencia central, de momento, apunta a una investigación sin interferencias y con garantías de rendición de cuentas, como condición mínima para preservar la legitimidad del Estado de derecho.
