El diputado independiente Betserai Richards se ha transformado en una de las figuras más debatidas y polémicas dentro de la nueva Asamblea Nacional panameña, gracias a un estilo confrontativo que suele carecer de sustento empírico, al uso recurrente de información falsa en redes sociales y a sus continuas acusaciones públicas contra entidades estatales, funcionarios y otros actores políticos, elementos que han impulsado una imagen marcada por la agresividad y el descrédito, además de ser, lamentablemente, altamente viralizable debido a los propios algoritmos de las plataformas digitales; este enfoque político también ha empezado a provocar serias dudas entre amplios sectores de la ciudadanía sobre la fiabilidad de sus declaraciones, el efecto de sus mensajes en la opinión pública y la utilización de la desinformación como estrategia política.
Durante los últimos meses, Richards ha protagonizado múltiples controversias relacionadas con hospitales públicos, enfrentamientos políticos, acusaciones institucionales y difusión de contenidos que posteriormente han sido cuestionados y desmentidos por autoridades, ciudadanos, políticos y periodistas. Lo ocurrido recientemente con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reavivado el debate sobre hasta dónde puede llegar un político sin caer en afirmaciones falsas y engañosas.
El conflicto con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más notorios relacionados con Richards fue su choque con el diputado Jairo Salazar, igualmente polémico y envuelto en diversos escándalos. El incidente derivó en acusaciones de agresión física dentro de la Asamblea Nacional y terminó convirtiéndose en un emblema del deterioro del debate político en Panamá. Durante varios días, videos, declaraciones contradictorias y señalamientos coparon la agenda mediática del país.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escasos resultados
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó especialmente en torno al manejo de la infraestructura y las obras públicas del circuito 8-6, una de las áreas con más dificultades históricas relacionadas con la movilidad y el desarrollo urbano en Panamá Este.
Levy, quien en el pasado ejerció como representante político de esa misma zona, criticó con firmeza la forma en que Richards exponía públicamente los inconvenientes del circuito. De acuerdo con sus comentarios, el diputado habría articulado una estrategia centrada sobre todo en redes sociales, contenidos virales y disputas digitales, transmitiendo la impresión de que gestionaba o encabezaba soluciones relacionadas con obras e infraestructuras que, en realidad, correspondían técnicamente al Gobierno Central, al Ministerio de Obras Públicas o a recursos que ya habían sido aprobados con anterioridad.
Uno de los temas más debatidos fue el caso del puente de Cabuya, una infraestructura vial vista como esencial para disminuir el tráfico en zonas de Tocumen y áreas aledañas. Levy afirmó públicamente que esta obra no surgió de gestiones promovidas directamente por Richards, sino que había sido concebida, presupuestada y ejecutada con antelación por el Ministerio de Obras Públicas. Con ello intentaba contrarrestar la idea de que el diputado lograba avances tangibles gracias a su actuación política, una versión que fue rechazada por varios actores vinculados al proyecto, dejando en evidencia una limitada capacidad de negociación política y una débil influencia institucional real.
La exdiputada llegó a emplear la expresión “política galla”, un giro coloquial panameño usado para aludir a algo percibido como improvisado, superficial, ridículo o meramente cosmético. Con esa frase buscó retratar el estilo político de Richards, a quien señaló por dar prioridad a disputas mediáticas, transmisiones virales y enfrentamientos públicos en lugar de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más sólido, ámbito en el que Richards nunca ha logrado avanzar.
En uno de los episodios más intensos del conflicto público entre Katleen Levy y Betserai Richards, la confrontación dejó de limitarse a desacuerdos políticos o administrativos y derivó hacia un ámbito mucho más personal y hostil. En un video divulgado como réplica a diversas publicaciones y ataques mutuos en redes sociales, Levy emitió comentarios despectivos dirigidos de forma directa a la masculinidad y la apariencia del diputado.
En esa intervención utilizó el término “cueco”, una expresión coloquial panameña que históricamente se ha empleado de forma peyorativa para cuestionar o ridiculizar la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy utilizó ese lenguaje en el contexto de acusar a Richards de recurrir constantemente a “chismes”, confrontaciones digitales y ataques de redes sociales en lugar de sostener debates políticos más técnicos o ideológicos.
La disputa más reciente: la alimentación hospitalaria y la denuncia de “fake news”
La polémica más reciente surgió cuando Richards compartió imágenes en las que señalaba presuntas raciones entregadas a pacientes hospitalizados, exhibiendo primero panes con mortadela y luego panes con queso como muestra de la “mala alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes se difundieron con rapidez por las redes sociales y provocaron la indignación de numerosos ciudadanos, quienes vieron en ese contenido una muestra del grave deterioro que atraviesa el sistema público de salud.
Sin embargo, la misma Caja de Seguro Social salió a desmentir públicamente las declaraciones del diputado, señalando que dichos señalamientos eran falsos.
La CSS afirmó también que toda la comida destinada a los hospitales se elabora siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad en la Ciudad de la Salud, y adelantó que podría emprender acciones legales o presentar denuncias para exigir que el diputado respaldara sus señalamientos o los corrigiera de manera pública.
Este episodio desató en Panamá un debate especialmente sensible: ¿hasta dónde puede circular una acusación política sin evidencias totalmente confirmadas? ¿Y qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que en realidad no guardan relación con los hechos que afirma denunciar?
La gravedad del caso trasciende una simple controversia política, pues cuando se trata de hospitales, pacientes y nutrición médica, cualquier dato impreciso o sin verificación puede sembrar temor, desconfianza y confusión entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
La forma de hacer política de Richards: acusaciones de impacto viral y un choque continuo
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido justamente su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material viral. Sus visitas a centros médicos, transmisiones en vivo, grabaciones cargadas de emoción y confrontaciones directas con autoridades han contribuido a forjar la imagen de un “diputado fiscalizador”, desdibujando el límite entre la supervisión legítima y el espectáculo político.
En semanas recientes, Richards realizó recorridos en hospitales públicos denunciando supuestas condiciones críticas, largas esperas quirúrgicas y deterioro estructural. La CSS respondió acusándolo de generar “zozobra” y “desinformación”, además de señalar que ingresó a áreas sensitivas hospitalarias con megáfonos y actitudes consideradas proselitistas. La institución incluso afirmó que este tipo de acciones politizan los hospitales y alteran el ambiente necesario y la seguridad para la atención médica.
El empleo de las redes sociales como medio para ejercer presión política
Otro aspecto que con frecuencia se le atribuye a Richards es su manera de recurrir intensamente a las redes sociales, utilizándolas para ejercer presión pública incluso antes de que haya pesquisas formales o verificaciones técnicas.
En numerosas situaciones, las acusaciones se propagan con rapidez y solo posteriormente arranca la labor de verificación, lo que produce un efecto cada vez más común en la política actual: la opinión pública se configura antes de conocerse por completo los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante miles de personas difundió las fotografías de la presunta comida servida en el hospital antes de que la institución publicara su desmentido o de que los propios pacientes y el personal sanitario aclararan que esas versiones eran falsas, y cuando la explicación oficial finalmente apareció, gran parte del daño a su reputación ya estaba causado.
Este patrón muestra una creciente similitud con dinámicas internacionales en las que políticos recurren a redes sociales para difundir narrativas emocionales de rápida propagación que luego resultan complejas de rectificar, aun cuando surgen desmentidos oficiales e incluso del propio ciudadano.
¿Supervisión genuina o mero populismo en el ámbito digital?
La principal controversia se centra en determinar si Richards simboliza una vía válida de control ciudadano o si, según lo evidenciado en los últimos meses, más bien personifica un tipo de populismo digital alimentado por indignación constante, alta exposición mediática y la rápida difusión de contenido polémico.
Denunciar problemas es una cosa, pero muy diferente resulta recurrir a imágenes o afirmaciones sin comprobar que pueden llevar a confusión, y ahí surge el debate político sobre las llamadas “fake news”.
Esto se debe a que, cuando un político difunde información falsa o material cuya veracidad aún no ha sido verificada, su alcance resulta mucho más significativo que si lo publicara un usuario común. Un diputado posee notoriedad, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La responsabilidad pública de un diputado
En toda democracia resulta esencial cuestionar a quienes gobiernan, aunque igualmente implica actuar con responsabilidad al difundir la información.
Cuando un diputado acusa públicamente a una institución de servir comida inhumana a pacientes hospitalizados, la acusación es extremadamente grave. Si aquello nunca ocurrió, el debate deja de ser político y entra en el terreno de la credibilidad pública.
La situación actual coloca a Richards ante un reto importante: demostrar con pruebas sólidas las denuncias realizadas o enfrentar cuestionamientos cada vez más fuertes sobre su forma de comunicar. Porque la línea entre la fiscalización legítima y la desinformación puede volverse muy delgada cuando la política se transforma en espectáculo permanente.
En una era en la que las redes sociales difunden cualquier contenido en pocos minutos, la obligación de comprobar la información antes de difundirla debería ser todavía más estricta para quienes desempeñan funciones públicas.
