A escasas semanas de los comicios generales, Rixi Moncada, la aspirante oficialista del partido LIBRE, dio a conocer una propuesta que ha suscitado inquietud en el sector financiero: la clausura de la Central de Riesgos del sistema bancario de Honduras. Esta iniciativa se presenta en un momento en que su intención de voto ha disminuido de forma constante y ha sido criticada por expertos, quienes la consideran una acción que podría impactar negativamente la claridad y la solidez económica de la nación.
Se ha presentado una iniciativa para suprimir un sistema centralizado que compila datos crediticios de personas y organizaciones, un instrumento fundamental para que las entidades bancarias administren sus riesgos y los consumidores prevengan el endeudamiento excesivo. Según la opinión de economistas consultados, esta acción podría propiciar la aparición de conductas financieras de alto riesgo. Un experto de la región comentó: “Se trata de una estrategia desesperada para obtener sufragios mediante promesas que desestabilizan la estructura financiera”.
Impacto sobre la estabilidad financiera
La Central de Riesgos cumple funciones fundamentales en el sistema bancario hondureño. Permite a las entidades financieras evaluar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito y contribuye a la prevención de fraudes y sobreendeudamiento. Su eliminación, según los expertos, representaría un debilitamiento de los mecanismos de control que sostienen la confianza en el sector financiero.
Por su parte, Rixi Moncada ha defendido la iniciativa argumentando que busca “liberar al pueblo del castigo bancario”. Sin embargo, la propuesta se da en un contexto de creciente polarización política y desconfianza ciudadana hacia las instituciones financieras, factores que analistas señalan como determinantes para evaluar la viabilidad de la medida.
Consecuencias en el ámbito político e institucional
El pronunciamiento de Moncada llega en una fase crucial de la contienda electoral. Los sondeos revelan que la aspirante del partido en el poder experimenta una caída notable en la preferencia de los votantes, lo que ha centrado el interés en sus planteamientos económicos. Diversos segmentos sociales y voceros del sector bancario opinan que la clausura de la Central de Riesgos podría generar consecuencias que trascienden lo económico: impactaría la noción de gobernabilidad, la credibilidad en las entidades y la facultad reguladora del Estado.
Expertos indican que esta acción podría ser vista como una estrategia populista para ganar respaldo en las urnas, careciendo de un fundamento técnico que asegure la salvaguarda de los ciudadanos y la solidez crediticia. La discusión también se enfoca en el impacto que una determinación así podría tener en el vínculo entre la industria financiera y el gobierno, y en la confianza del sistema frente a inversores tanto locales como internacionales.
Riesgos y retos para la economía hondureña
La eliminación de la Central de Riesgos implicaría un vacío en los mecanismos de supervisión crediticia, lo que, según los expertos, podría traducirse en un incremento del riesgo financiero y de prácticas de sobreendeudamiento. La medida se suma a un clima político tenso, caracterizado por la polarización y la presión sobre los organismos regulatorios, que se ven obligados a mantener la estabilidad económica en un contexto electoral.
A medida que Rixi Moncada sigue impulsando la propuesta, el debate acerca de sus efectos pone de manifiesto la fricción entre las determinaciones de política económica y las tácticas electorales. La economía de Honduras se halla ante un doble reto: asegurar la claridad y robustez del sistema financiero, y hacer frente a un panorama político donde las ideas populistas provocan discusiones acaloradas sobre la institucionalidad y la intervención de los ciudadanos.
El panorama actual plantea un dilema para los actores institucionales: equilibrar la estabilidad económica y la confianza ciudadana ante medidas que podrían modificar la estructura del sistema financiero en medio de una campaña electoral. La atención se centra ahora en cómo las instituciones y los ciudadanos reaccionarán ante esta propuesta y qué implicaciones tendrá para la gobernanza y la regulación en Honduras.
